Fiscalía llamará a abogados del “carrusel de la educación”

En un término cercano a los 20 días serán llamados los abogados del denominado “carrusel de la educación” que fueron capturados en un aparatoso operativo en Montería y que finalmente fueron dejados en libertad porque dejaron vencer los términos para legalizar las respectivas capturas.
Aunque a tres de los 14 detenidos,  Gustavo Rhenals Nova, Daniel López Palencia y Robert de Jesús Montes López les dictaron medida de aseguramiento tras aceptar los cargos, aún no se define la suerte de los 11 restantes que recuperaron su libertad, aunque ello no implica la cesación del proceso.
A los anteriores, los sindicaron de peculado por apropiación agravado, falsedad material en documento público y privado agravado por su presunta participación en cobros irregulares al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la fiduciaria Fiduprevisora.
La Fiscalía señaló que mediante procesos ejecutivos laborales, autenticaciones, resoluciones y falsos poderes se reconocieron ajustes pensiónales a los que los profesores no tenían derecho y de esta manera se embargaron recursos del Fondo por valor de 64 mil millones de pesos.

Sin definir
La expectativa que se generó en el departamento de Córdoba con la captura de un juez, su secretario y 12 abogados más por supuesto desfalco a las arcas del Fondo de Pensiones del Magisterio creció aún más con la liberación de los mismos y lo que puede implicar el proceso de aquí en adelante.
En libertad permanece el juez promiscuo de Planeta Rica, Ángel Darío Aycardi, así como su secretario de juzgado, Germán Agustín Alvarino Otero, así como los abogados Heliodoro Alfredo Agámez Pineda, Alfredo José Agámez Vanegas, Jaime Agámez Pineda, Lefther Manuel Herrera Taboada, Óscar Luis Vidal Arrieta, Luz Helena Polo Rodríguez, Fernando Antonio Mendoza Vellojín, Libardo José Enrique Morales y Tony de Jesús Luna Espitia.
Los anteriores instauraron demandas para reclamar derechos pensionales de profesores que no tenían derechos a las mismas.
La primera orden de pago se dio en 2010 y la suma entonces era cercana a los dos mil millones de pesos. De allí en adelante se incrementaron los procesos, especialmente en el juzgado promiscuo de Planeta Rica, en el civil de Lorica y luego en Chinú donde se lograron completar 450 resoluciones que ascienden a una suma cercana a los 400 mil millones de pesos.
La alarma se prendió cuando la entonces gobernadora Marta Sáenz alertó sobre la existencia de pagos irregulares y luego con la decisión del actual gobernador, Alejandro Lyons, de frenar la irregularidad.

Habló Agámez
El abogado Jaime Agámez, quien regresó a Montería, tras recuperar su libertad en Bogotá, dijo que en 20 días se tiene que presentar ante la Fiscalía, pero que en su caso concreto no hay nada ilegal toda vez que recibió todos los poderes firmados por parte de una tercera persona de apellido Sampayo, quien entonces sería el encargado de falsificar las firmas.
Dijo, además, que los abogados habían cobrado el dinero con base en unas resoluciones firmadas en la Gobernación de Córdoba bajo el mandato de Jaime Torralvo Suárez y que por ello ya fue sancionada la entonces secretaria de Educación, Estela Álvarez.
El abogado reiteró que por lo menos 30 carros participaron en el operativo y que hubo derroche de recursos, sin ninguna necesidad.