La Fiscalía y la Procuraduría están tras la pista de los dineros contratados en los últimos cuatro años por la Cámara de Comercio de Montería, suma que asciende a los 8.500 millones de pesos, basados en unas pesquisas hechas en la entidad.
La Fiscalía abrió investigación formal ante las denuncias de presunta corrupción y se asignó el caso a un fiscal competente, luego de una visita de inspección a la sede, donde miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones recopilaron documentos.
La Procuraduría por su parte, luego de suspender por tres meses al director de la Cámara de Comercio de Montería, Félix Manzur, y a los miembros de la junta directiva, Jorge Doria, quien la preside, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibañez, reveló algunas inconsistencias que podrían conducir a presuntos actos de corrupción.
Contratista habría creado empresa
Uno de los temas que será investigado por los órganos de control es el relacionado con la creación de una de las empresas contratistas, en la cual aparece el nombre de uno de los miembros de la junta directiva, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado.
Revisados los documentos, se estableció que la empresa Alliance Effort, habría sido creada el 10 de septiembre del año 2008, por Sepúlveda Salgado, justamente uno de los miembros de la junta suspendido por la Procuraduría de Sucre.
La creación de la misma está registrada en el libro IX, con el número 20434, con el nombre de Gestiones y Asesorías G- As E.U, luego convertida en Alliance Effort S.A.S, identificada con NIT 900.237.905-3 en la que aparece Sepúlveda como gerente.
Investigan direcciones
Otro de los hallazgos de las autoridades tiene que ver con la legalidad de las cuatro empresas, todas con nombres extranjeros, creadas para hacer los contratos con la Cámara de Comercio.
Los certificados mercantiles de las empresas contratadas han generado múltiples interrogantes, toda vez que tres de ellas serían de un mismo dueño y las direcciones que aparecen registradas no coinciden con la realidad, pues en su defecto, hay locales desocupados o conducen a la misma dirección donde funciona la Cámara de Comercio, en pleno centro de Montería.
Los registros muestran que Alliance Effort, Innovemp Korperschaft S.A.S y Rechts & Steuern podrían ser de un mismo dueño, hecho que prende las alarmas de los investigadores si se tiene en cuenta que las tres suman contratos por valor de 6.500 millones de pesos.
“La empresa Alliance Effort, se constituyó con un capital de $50.000.000 y durante los últimos tres años recibió $3.398.131.500. En su matrícula mercantil registra número de celular y correo electrónico que son los mismos que aparecen en el registro mercantil para la compañía Rechts & Steuern, otra empresa que se creó con un capital de $10.000.000 y recibió un contrato por $184.000.0000 en el 2019”, señala la investigación.
Otra “perla” que también deben esclarecer los investigadores es por qué la empresa Alliance aparece con dos direcciones, pero en ninguna de ellas está la sede de la misma. La primera lleva a la Cámara de Comercio y la segunda a un local descupado.
“Encontramos dos personas jurídicas distintas, que han manejado una cuantiosa suma de dinero que comparten la misma dirección residencial y contratos que se repiten con el mismo objeto sin que dichas personas jurídicas tengan la capacidad administrativa, organizacional y financiera para ejecutar dichos objetos contractuales”, señala la Procuraduría de Sucre en su informe.
Advierte además que la Cámara de Comercio de Montería, a través de su director ejecutivo y con recursos públicos, celebró de 2016 a principios de 2020 varios contratos sin que presuntamente haya habido cuestionamiento o control alguno a los planes estratégicos y planes de acción durante las vigencias mencionadas y sin que los miembros de la junta directiva hayan considerado la posibilidad de buscar mecanismos amplios de convocatoria pública.
Qué encontró la Procuraduría?
La abogada Julieth Verbel Herazo fue comisionada por la Procuraduría de Sucre, la encargada de suspender a los miembros de la junta directiva, para que investigue las posibles irregularidades encontradas en los contratos.
La primera de ellas tiene que ver con el mismo objeto, año tras año. El contrato 012 de 2019 suscrito con Innovent por valor de 450 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 90 días, para poner en marcha el Centro de Innovación Digital, no posee la idoneidad, ni la capacidad financiera para realizar el objeto del contrato y además su dirección de residencia es la misma de Rechts Steuerncorp S.A.S en la carrea 12 número 53-42, oficina 804, torre 3, señala el informe.
Con esa misma empresa suscribieron el contrato 014 de 2017, cuya duración era de dos meses, para la asesoría y sensibilización y capacitación a empresas del departamento de Córdoba en el sistema Sarlaft, pero la Procuraduría advierte de nuevo que para este contrato tampoco tenían la capacidad financiera, pues tenía un activo social de 50 millones de pesos.
La lista con la misma firma siguió con el 010 de 2019 por 565 millones de pesos para asesoría, consultoría e implementación del programa transformación digital empresarial, con un plazo de ejecución de cuatro meses; el contrato 07 de 2019 por 519 millones de pesos, también para asesoría, consultoría e implementación del programa de transformación digital del sector productivo, con un plazo de ejecución también de cuatro meses, y el 07 de 2018 por 508 millones de pesos, igualmente para asesoría en la implementación de un programa de tranformación digital del sector productivo. En todos los casos, la Procuraduría advierte que dicha empresa no estaba en capacidad de cumplir el objeto de los contratos.
También adelantaron un estudio preliminar de los cuatro contratos suscritos con Prosjekt Og Forsk Colombia, especialmente el que se hizo a principios de este año por un valor de 280 millones de pesos, para ejecutarlo en cuatro meses, cuyo objeto era hacer unas encuestas para analizar la victimización y percepción de la segruidad de los comerciantes de los municipios de Montería, Cereté, Lorica, Sahagún, Planeta Rica, Montelíbano, San Pelayo, Ciénaga de Oro y San Antero.
El órgano de investigación dijo que la mencionada firma no posee la idoneidad respectiva para la celebración del mismo, por cuanto tiene fecha de matrícula mercantil de 2013 y no se acreditó la experiencia relacionada a fin de tener la capacidad financiera.
Además de lo anterior, señalan que tiene un capital activo de 60 millones de pesos, lo que conlleva a generar un presunto detrimento patrimonial al celebrar un contrato por una cuantía superior al que estaba autorizado el representante legal, toda vez que la persona jurídica no podía obligarse por el monto de dicho contrato, lo que puede ocasionar detrimentos patrimoniales en caso de incumplimiento del contratista.
Analizaron además el contrato 015 de 2017 con Alliance Effort EU por valor de de 504 millones de pesos, con un tiempo de ejecución de cuatro meses, para la asesoría, capacitación, consultoría e implementación del comercio electrónico para los empresarios del departamento de Córdoba. Encontraron que la empresa se había constituido en 2008 y solo en 2020 fue renovada su matrícula mercantil, es decir durante la celebración del contrato era una empresa constituida como sociedad unipersonal, lo cual violaba la norma comercial en la cual se establecía que este tipo de sociedades debían transformarse en sociedades por acciones simplificadas.
Finalmente, la Procuraduría advierte que esa misma irregularidad se repitió con el contrato 011 de 2018, por valor de 515 millones de pesos, para otra consultoría relacionada con el fortalecimiento institucional, a través del diseño e implementación del plan estratégico de la Cámara de Comercio de Montería.
Los hallazgos son analizados por ambos entes, quienes deberán esclarecer uno de los escándalos de presunta corrupción que se ha dado con los recursos de los comerciantes del departamento de Córdoba.
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