La firma de 480 contratos en un solo día de órdenes de prestación de servicios en el hospital San Jerónimo de Montería prendió las alarmas de los órganos de control, más aún cuando los mismos fueron autorizados por la gerente, Isaura Hernández, quien se encontraba de vacaciones.
La advertencia la hizo la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, quien pidió a la Contraloría que adelantara una auditoría exprés con el fin de verificar lo que se hizo durante los primeros días del año, pese a que había un nuevo gerente encargado, Juan Carlos Cervantes.
El contralor departamental, Emilio Otero, dijo que se están haciendo las revisiones pertinentes y que los contratos ascienden a una suma de 21 mil millones de pesos, cifra con la cual se comprometió el 40 por ciento del presupuesto del centro asistencial, el cual atraviesa una de las peores crisis financieras de la historia.
Otero Dajud dijo además que el 80% de los contratos firmados por la gerente Hernández serían por prestación de servicios y todos tienen fecha del 10 de enero, lo cual resulta humanamente imposible de hacer.
Con relación a esa situacion, la gobernadora encargada dijo que hay una resolución en la cual se establece que la gerente Isaura Hernández debía estar de vacaciones desde el pasado 2 de enero, de tal forma que los actos administrativos que estén firmados por ella a partir de esa fecha estarían viciados.
Caos en la atención
Mientras los directivos del hospital han convertido a la entidad en una rebatiña política y burocrática, los médicos señalan su inconformidad por el deficiente servicio que están prestando, debido a que no hay insumos para garantizarla.
“La atención se ha visto afectada por la crisis administrativa”, señalaron los médicos, quienes advierten que no hay guantes, medicamentos, líquidos intravenosos, reactivos de laboratorio, ayudas diagnósticas imagenológicas como ecografías, ni reactivos para banco de sangre para poder hacer transfusiones.
Llamaron la atención de las autoridades señalando que está en riesgo la vida de los pacientes. “Hacemos un llamado de auxilio a los entes competentes para la resolución inmediata de esta problemática altamente alarmante que está poniendo en riesgo el derecho fundamental a la vida y a la salud”, dijeron los médicos que prestan el servicio en la institución.
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