La Fiscalía General de la Nación solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la audiencia de imputación de cargos contra los exgobernadores Marta Sáenz, Alejandro Lyons y Edwin Besaile por presuntas irregularidades cometidas en la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora de Montería.
La solicitud formal fue hecha por el fiscal encargado Fabio Espita Garzón, luego de una investigación en la que se habrían determinado hechos de corrupción, razón por la cual la Fiscalía Octava adelantó el proceso.
Señaló la Fiscalía que los hechos investigados están relacionados con presuntas actuaciones ilícitas detectadas en el trámite y celebración de un convenio interadministrativo suscrito el 30 de diciembre de 2011, que tenía por objeto la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora y en el que se habría presentado un detrimento por 1.501 millones 344 mil pesos.
Por esa razón se formularán cargos en contra de los tres exmandatarios por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricación por omisión.
Se estableció que los mismos son señalados de supuestas anomalías y sobrecostos en la ejecución de los convenios administrativos de 2011, suscrito entre la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería, y del convenio de junio de 2012 entre la Alcaldía de Montería y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social cuyo fin era remodelar el coliseo Miguel Happy Lora de Montería, obras que tendrían un costo de 12.500 millones de pesos.
Hay que indicar, que por estas mismas obras también han sido investigados el exalcalde de Montería Carlos Eduardo Correa y el actual mandatario, Marcos Daniel Pineda. Ambos fueron detenidos por las presuntas irregularidades y tras recuperar su libertad, quedaron vinculados al proceso.
Otro lío con las IPS
Además del proceso por las presuntas irregularidades en las obras del coliseo, los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile deberán enfrentar otros por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en coparticipación criminal.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación por supuestas irregularidades de contratación con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS): Funtierra Rehabilitación Llda, Crecer y Sonreír Unidad de Rehabilitación S.A.S., Unidad Integral de Terapias de la Costa S.A.S., IPS Girasoles Centro Integral de Terapias y de Servicios de Salud S.A.S.
Indicaron que el material probatorio recaudado en las investigaciones daría cuenta que el objeto de los contratos habría sido incumplido en el entendido que no se realizaron todas las neuroterapias de desarrollo pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones para atender a la población pobre no asegurada. Del mismo modo, se evidenció la intencionalidad de la administración de no hacer los respectivos recobros a las EPS.
El detrimento al erario probado para Alejandro José Lyons ascendería a $26.219’898.046, que correspondería al 85,71% del total de pagos realizados a las IPS; mientras que los dineros comprometidos por Edwin José Besaile Fayad alcanzarían los $174’577.500, señala el ente investigador.
Hay que indicar que el pasado 6 de junio, la Fiscal de conocimiento imputó a los dos exgobernadores por estos hechos. Los cargos en su momento fueron rechazados.
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