Regional


Inseguridad impide la restitución en el sur de Bolívar

SOFÍA FLÓREZ

09 de julio de 2018 07:00 AM

La amenaza de muerte que recibió la docente Deyanira Ballestas y la forzó a huir de San Pablo, en el sur de Bolívar, dejó interrogantes y, para muchos, una conclusión: en el sur de Bolívar las cosas no están bien en seguridad, y tampoco en materia de restitución de tierras.

La noticia de las amenazas ha venido acompañada de cifras que muestran que mientras en el resto del departamento, especialmente en los Montes de María, se ha avanzado en la restitución, en el sur la inseguridad no permite continuar en el proceso. Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), se han recibido 6.146 solicitudes (en 19 de los 46 municipios de Bolívar), de las cuales se ha atendido el 95 %.

En los Montes de María, por ejemplo, se han resuelto 581 casos, en pueblos como: Marialabaja (55), San Juan Nepomuceno (10), San Jacinto (76), El Carmen de Bolívar (326), Córdoba (2) y Zambrano (15).

En el sur de Bolívar ni siquiera han podido continuar con la evaluación de los 1.153 requerimientos, que, según la URT, hasta el 15 de junio de 2018 estaban pendientes en 13  municipios de esta zona. La inseguridad no permite seguir en los procesos.

Ricardo Sabogal, director de la URT, explicó a El Universal que desde la entidad se inicia el estudio de las reclamaciones en municipios donde existan condiciones de seguridad, según los parámetros que figuran en la ley, y que fueron avalados por la Corte Constitucional. “Existe un Centro Integrado de Inteligencia de Restitución de Tierras, conformado por mandos militares, Procuraduría y la Unidad, que hace los diagnósticos de seguridad. En el sur de Bolívar no hay condiciones mínimas, no hemos podido caminar al mismo ritmo que en la zona norte. Para seguir debemos garantizar la no repetición de la victimización”, explicó el funcionario, que en contados días llegará al fin de su cargo, dejando un reto al nuevo gobierno.

No hay garantías

Algunos habitantes que aseguran ser víctimas de grupos insurgentes y las bacrim en municipios del Magdalena Medio, como San Pablo, Cantagallo, Morales, Simití, Santa Rosa del Sur, Tiquisio y Montecristo, han llegado a oficinas de la Unidad para que se estudie su situación, pero las constantes alteraciones del orden público en la región no lo permiten.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) sostiene que la presencia de grupos armados como el Eln y organizaciones criminales en las antiguas zonas de influencia de las Farc, buscan controlar las economías ilegales, afectando los derechos de los habitantes.

“Lastimosamente el sur de Bolívar es víctima de minería ilegal y narcotráfico liderado por grupos criminales que no ven con buenos ojos los liderazgos activos y positivos”, afirmó en días pasados el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.

Lo anterior explica que la presencia de grupos como el Eln, bandas criminales, además de la fuerte incidencia del narcotráfico y la minería ilegal, ha ocasionado que la fase del proceso que determina si un predio, o bien rural, fue despojado por grupos armados, esté detenida.

Ilegalidad, otra barrera

Según las autoridades del Magdalena Medio, la minería ilegal desplazó al cultivo de coca, pues mientras un gramo de oro en la región cuesta 80.000 pesos, el de coca vale 5.000.

En el Informe especial de Derechos Humanos liderado por la Fundación alemanana Heinrich Böll en Colombia, advierten que en el Caribe se identificó la presencia de organizaciones armadas en alianzas con otras organizaciones ilegales de diversas regiones del país (como ‘los Paisas’, ‘las Águilas Negras’, ‘Rastrojos’, entre otras), quienes están ejerciendo en menor escala violencia y control territorial sobre corredores del narcotráfico y la frontera con Venezuela, en particular en el Norte de La Guajira, Cesar y Bolívar.

Específicamente en el Magdalena Medio, se expanden y fortalecen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a través del Bloque Herlin Pinto Duarte y el Frente Luis Fernando Gutiérrez, en los municipios de Barranco de Loba, San Martín de Loba, Pinillos, Tiquisio, Achí, Montecristo y San Jacinto del Cauca.

Richard Argüello, coordinador del Componente Río-Territorio, del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, indicó que la situación es muy compleja por la ‘mutación’ que en los grupos armados han generado el narcotráfico y la minería ilegal. “Es necesario que se resuelva el conflicto en la tierra, porque si no interviene la Unidad de Restitución, será más difícil que se pueda restablecer el orden público en el sur de Bolívar, donde los actores armados se benefician y lucran de las tierras que usurparon y ejercen control social e intimidación”, concluyó.

Líderes asesinados

Durante mayo, junio y julio se ha agravado la situación de seguridad de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos en el país. Según el instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), en lo que va corrido del año en el sur de Bolívar se han notificado dos asesinatos: el de Nixon Mutis Sossa y Félix Castañeda, campesinos miembros de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chaparral e Integrantes del Comité Interveredal de DDHH de Cantagallo, líderes de la sustitución gradual y concertada, integrantes de la COCCAM, ambos en el municipio de Cantagallo.

Ellos defendían los derechos de los campesinos en temas como la restitución de tierras, defensa del territorio y de los recursos naturales, entre otros. Desde que se aprobó la Ley 1448 de 2011 para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, han muerto unas 25 personas en el país, en calidad de reclamantes. Aunque la Fiscalía ha avanzado en la identificación de los autores materiales de algunos crímenes, en la mayoría de los casos los autores intelectuales no han sido identificados.