Investigación penal a los concejales y a contralora

Una investigación penal a la contralora de Montería, Gloria Márquez, y a los 18 concejales de Montería fue solicitada por el presidente de la Red Ver, Carlos Valera Pérez. Así lo señala una carta enviada al Procurador de Sucre, Guillermo Merlano, quien los destituyó e inhabilitó en un fallo de primera instancia, en la que solicita que se envíe copia del proceso a la jurisdicción penal ordinaria. Valera Pérez habla del presunto hecho punible de prevaricato por acción. Como se recordará 18 de los 19 concejales están adelantando el proceso de defensa ante la Procuraduría General de la Nación al igual que la contralora Gloria Márquez, por la elección de esta última que a juicio de la Procuraduría de Sucre estaría inhabilitada. CASO CONTRALORA Según el veedor en la hoja de vida de la contralora hay mutación de la verdad toda vez que no consignó en la misma que en esa fecha se desempeñaba como funcionaria adscrita a la Contraloría de Córdoba. “De haberlo manifestado así el organismo judicial correspondiente no la hubiera seleccionado para integrar dicha terna por ser evidente su inhabilidad legal”, advierte el veedor. Señala además que anexó un juramento hecho ante el notario Rafael Durango en el cual advierte no estar incursa en ninguna inhabilidad el cual puede constituirse en punible de falsedad testimonial. Insiste el veedor en que la contralora se posesionó el 9 de enero de 2008 sin haber renunciado como funcionaria de la contraloría departamental, ejerciendo dos cargos oficiales de manera simultánea, lo cual implica una investigación disciplinaria. TAMBIÉN A CONCEJALES De igual forma solicitó investigar penalmente a los concejales de Montería, excepto Devier Acosta, por prevaricato por acción, aduciendo que eligieron a la contralora aún sabiendo que estaba inhabilitada. Pidió investigar la posible falsedad ideológica contenida en el acta de posesión del 21 de enero de 2008, la cual no fue firmada por el secretario de la Corporación, Julio Sálleg. SIN INHABILIDAD Por su parte la contralora y los 18 concejales insisten en que el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Consejo de Estado, órganos competentes para tal fin, fallaron indicando que la contralora Gloria Márquez no está inhabilitada y por ende la investigación se caerá por su propio peso. Insisten en que no entienden como el Procurador de Sucre falló sin tener en cuenta el concepto del Tribunal y el Consejo de Estado que son los organismos competentes para determinar las inhabilidades de los funcionarios.