El juez 40 de control de garantías de Bogotá legalizó las capturas del alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, y del consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa, quienes permanecen en el búnker de la Fiscalía, investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de remodelación del coliseo Miguel Happy Lora de la ciudad.
En la misma audiencia, que finalizó casi a la media noche del sábado, también decretó la libertad de Pascual Guerrero Arana, director ejecutivo del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social; Samuel Eduardo Mora, funcionario de la interventoría Flograf, y Gilmar Alberto González Mora, también interventor, quienes habían sido capturados el pasado viernes por las misma investigación.
De igual forma el juez confirmó que la audiencia de imputación de cargos se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de junio en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá. Allí la Fiscalía imputará los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.
Los dos funcionarios monterianos, quienes se presentaron voluntariamente ante las autoridades, son investigados por posibles anomalías y sobrecostos tanto en la celebración como en la ejecuciónde los convenios interadministrativos del 30 de diciembre de 2011, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería, y del 25 de junio de 2012 suscrito entre el Municipio y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, cuyo propósito era la rehabilitación del coliseo Miguel Happy Lora por un valor de 12 mil 500 millones de pesos.
Los abogados Iván Cancino y Andrés Garzón indicaron que sus defendidos no se allanarán a los cargos y que ellos tienen toda la documentación reglamentaria para demostrar que la obra fue terminada y recibida a satisfacción por parte de los funcionarios del Gobierno nacional, encargados de girar la obra para la remodelación del escenario deportivo.
Pidió licencia
El abogado Andrés Garzón, encargado de la defensa del consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa, confirmó que este había solicitado una licencia de dos meses, prorrogables 30 días más, ante la Presidencia de la República con el fin de defenderse de las imputaciones que le ha hecho la Fiscalía.
Sostuvo que tienen los documentos firmados por Planeación Nacional y todos los documentos en regla para mostrar la transparencia en la ejecución de una obra, que efectivamente fue entregada después del tiempo establecido, debido a errores que no competían directamente a la administración municipal.
Correa por su parte, advirtió que tiene la forma de demostrar la transparencia en cada uno de sus actos durante el tiempo en que se desempeñó como alcalde de Montería y que confía plenamente en la justicia.
Justicia show
Por su parte, el abogado Iván Cancino, defensor del alcalde Marcos Daniel Pineda, dijo que no había ninguna necesidad de emitir orden de captura contra el mandatario porque en cinco oportunidades había manifestado su voluntad de comparecer ante el órgano investigador.
Dijo que la Fiscalía pretendía capturar a Pineda en medio de un acto público de las fiestas de la ganadería para hacer un show mediático. "No queremos regresar a los temerarios tiempos de la Fiscalía de Montealegre y esperamos que esta haya sido una equivocación", dijo el jurista señalando que la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora está terminada y recibida a satisfacción.
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