“La corrupción dejó de sernos indiferente”: Juan Carlos Restrepo

Juan Carlos Restrepo Piedrahita insiste en recordar que al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) se siente prestando “el servicio militar a Colombia”. Dudó en aceptar el cargo, pero terminó convencido por el compromiso del presidente, Juan Manuel Santos, de darle todo el respaldo que necesitara “para limpiar esa entidad”, una de las más criticadas por los constantes escándalos de corrupción en que se ha visto envuelta.
El abogado se ha dedicado a cumplir ese propósito en su primer cargo público. Desde su despacho ha hecho denuncias sobre la conexión entre ex funcionarios de la DNE (incluidos exdirectores) con congresistas y otros dirigentes políticos, para obtener favorecimientos a través de la entrega de bienes de la mafia en administración; también, sobre el regreso de narcotraficantes a manejar los bienes que les han incautado, a través de testaferros.
Tras siete meses de trabajo (asumió el 15 de octubre de 2010), Restrepo tiene claro que la DNE debe sufrir una transformación profunda, que el Estado no puede seguir administrando bienes de la mafia y que la suma de escándalos por corrupción administrativa muestra que la sociedad colombiana por fin reaccionó ante este delito. Sobre esos temas habló con Colprensa.
El cargo que usted ocupa no parece grato. Se la pasa anunciando o explicando escándalos de corrupción, sin que para la gente sea claro de quién es la responsabilidad. ¿Cómo se siente tras la cantidad de denuncias que han salido de la propia DNE?
—Sin duda es uno de los trabajos más difíciles que hay en la administración y en mi vida es el más difícil que he desempeñado. De antemano sabía a qué venía; de hecho, cuando el presidente me pidió que lo acompañara en este cargo, veía desde afuera qué ocurría en esta entidad, por eso le agradecí su ofrecimiento y no se lo acepté. Consideraba que este era un quemadero, porque acá se encuentran los intereses más oscuros del país: los testaferros de la mafia y los testaferros de la corrupción del Estado; creía que una persona es impotente ante esa magnitud de problema. Tiempo después el presidente volvió a decirme que, entendiendo mis razones, me ofrecía el cargo y todo su respaldo para que yo limpiara esta entidad, fue cuando le acepté, con ese encargo, de limpiarla.
Se equivocó en esa percepción inicial sobre este trabajo…;
—En nada. En efecto encontré que acá hay una responsabilidad inmensa: administrar toda la masa de bienes incautada a la mafia por delitos de narcotráfico, que puede ser la riqueza más grande que ha habido en la historia del país. Esta entidad, como lo sería cualquiera otra, es muy débil para administrar semejante responsabilidad. Pienso que a la naturaleza del Estado no le corresponde estar administrando los moteles, las fincas y las lanchas de la mafia y que, así le corresponda (como nos toca por delegación de ley), el Estado es pésimo administrador de bienes de esta naturaleza.
¿En qué parte del trabajo de la Dirección de Estupefacientes hay más debilidad que permite que se generen los fenómenos de corrupción?
—Hay que diferenciar que hay dos etapas: una, cuando se incauta un bien, el Estado tiene que administrarlo hasta que se da la extinción del dominio, luego puede disponer de él. En el primer periodo el Estado es un simple guardián de bienes del narcotráfico, que incluso pueden terminar siendo devueltos a los dueños originales y el Estado respondiendo sobre lo que hizo. Eso le queda grande al Estado; si se le suman las debilidades de esta institución y la ineficacia del trabajo estatal, se entiende por qué se generaron los focos de corrupción.
Lleva ocho meses al frente de la DNE, ¿hoy tiene esa misma sensación de impotencia que tenía antes de asumir el cargo?
—Hoy tengo claro que el Estado no debe estar administrando bienes; hay que buscar alternativas. Una es que cuando los bienes se incauten, se vendan de inmediato y la plata se guarde en previsión de que luego la justicia falle a favor del titular, porque es mucho más fácil cuidar la plata que administrar bienes; pero sé que para ello debe haber una reforma legal más o menos profunda, porque sería una suerte de expropiación. Otra salida es que, si el Estado debe administrar bienes, haya un compromiso mucho mayor, porque se necesita una fuerza de tarea inmensa; acá deben estar involucrados todos los instrumentos del Gobierno para ejercer control; me imagino una administración sana siendo desarrollada por fiduciarias, por el sistema financiero, por grandes consorcios que puedan administrar. Hoy todo se delega en unos meros depositarios que están en un listado y terminan haciendo lo que quieren, sin que haya muchos controles que se les pueda ejercer, por física incapacidad del Estado.
¿Está preparando, con el Ministerio del Interior, esas reformas necesarias para hacer esos cambios que considera necesarios?
—Para la primera posibilidad (la especie de expropiación) claramente se requiere una reforma legal, pero para la segunda se requiere es mayor compromiso estatal. Hay que invertir en recursos, en gente, en instrumentos; tendría que haber una suerte de concesión, no lo que hay hoy, que es una entrega a particulares, pero con una responsabilidad que sigue siendo de la DNE y con procesos y controles muy pobres; se necesita un fortalecimiento.
Fortalecer una entidad es agrandarla y esos cambios, por lo general, terminan funcionando muy mal en Colombia…;
—Creo que esta entidad necesita una reingeniería muy profunda, que no pasa necesariamente por el fortalecimiento. Cuando hablo de esos cambios los pienso más en el orden del Gobierno que en el nivel de la DNE. Hay muchas entidades del Estado que tienen bienes incautados o decomisados: la Dian, Fondelibertad, Bienestar Familiar, el Ministerio de Minas, una cantidad. El Estado debería centralizar el manejo de los bienes, porque en ningún caso esa tarea está relacionada con el objeto social de la entidad respectiva. La misión de la DNE es ser la coordinadora de la política de lucha antidrogas en Colombia; la administración de los bienes del narcotráfico le cayó por conexidad y hoy toda la energía se le va en esa tarea y a duras penas puede intentar cumplir su misión natural; es como cuando el cuerpo está enfermo y tiene que gastar toda su energía en recuperarse.
¿Qué propuesta hace, entonces, para cambiar esa situación?
—Que el Estado genere una entidad que sea la gran colectora de bienes, para administrarlos o venderlos y que el DNE u otra entidad que cumpliera su rol pueda dedicarse a la lucha antidroga. Lo que propongo es separar las dos mitades y especializar una en la política y otra en el manejo de bienes.
Tantos escándalos destapados en la DNE dejan la sensación de que el país va de un mal a otro. Que quita bienes a los delincuentes del narcotráfico solo para que vayan a caer en manos de otro tipo de delincuentes. ¿Comparte ese sentimiento de desesperanza?
—Le doy la razón en ese planteamiento. Lo que ha pasado con los bienes es, hasta cierto punto, la frustración en la etapa final de la cadena de lucha contra el narcotráfico. El país atacó los cultivos ilícitos y han disminuido; atacó la producción de drogas y esas cifras han caído; persigue a los delincuentes y ha tenido éxito desmantelando los grandes y medianos carteles; fortaleció las normas de extradición y extinción del dominio y endureció las penas para los mafiosos; al final hay una lucha contra las finanzas del narcotráfico, que implica quitarles los bienes y ahí nos hemos quedado cortos. No soy alarmista, porque esta situación no quita los méritos a los éxitos del resto de la cadena, pero sí genera frustración que, por no tener la fuerza suficiente, los bienes vuelven a caer en manos de la misma o de otras mafias. Al fin de cuentas estamos hablando de narcotráfico y ese es un delito que necesita abogados, que necesita contactos con funcionarios, que necesita corromper distintos niveles de la administración para que su negocio funcione. Estamos hablando de un fenómeno muy complejo que genera focos de corrupción debido a la debilidad del Estado para manejar ese problema tan grande que generan los bienes de la mafia.
En esos focos de corrupción los involucrados en buena medida son dirigentes políticos…;
—No, ya hemos denunciado a múltiples actores: a dirigentes políticos, pero también a funcionarios de la DNE, a otros funcionarios, a particulares, a depositarios. De nada sirve que el mafioso quiera meter un testaferro en la propiedad que le incautaron, si no tiene ayuda de un funcionario interno. Esta es una cadena y hemos denunciado todas sus etapas.
En esa cadena ¿dónde ha encontrado y dónde no respaldo a sus denuncias?
—Uno de los factores indispensables para que esta cruzada tenga éxito es que todas las entidades del Estado estén alineadas. Aspiro y reclamo que todos hagamos nuestro trabajo al mismo tiempo: que la Corte Suprema y la Fiscalía desarrollen, como lo están haciendo, su trabajo; que entidades de investigación, como la Dijín, cumpla con sus tareas; que la Procuraduría y la Contraloría nos acompañen, porque los problemas de esta entidad y del sistema en general están a todos los niveles.
¿Cómo explica que haya tantos escándalos simultáneos de corrupción estatal?
—Todos los problemas de corrupción que está viendo el país vienen de tiempo atrás. Este es un momento muy importante, porque la corrupción dejó de sernos indiferente. Los problemas históricos que hemos tenido han sido tan grandes, que todos pensábamos que la corrupción era un mal menor, por eso floreció bajo la mirada tolerante de los colombianos. Lo que está ocurriendo ahora, cuando la sociedad, incluidos los medios de comunicación, reacciona ante los fenómenos de corrupción, indica que la sociedad se hastío y está reclamando acciones. Por eso, creo que estamos en el momento más oportuno para sanear a entidades como esta.
En el caso específico de las denuncias que han salido de la DNE, ya se han reportado amenazas contra las personas que han entregado información, ¿temen por su seguridad?
—Quiero resaltar el valor que han tenido funcionarios de la DNE para atestiguar y denunciar en casos que se están investigando. Las personas que hacen eso son frágiles frente a los poderes contra los que se están enfrentando y hacen gala de un valor civil inmenso. A esas personas no las quieren, hay una campaña para doblegarlas moralmente y quitarles las ganas de colaborar con la investigación. Por eso, estamos todos en la obligación de rodearlas. Me preocupa mucho que las amenazas surgen porque salen a la luz pública unas grabaciones hechas en una diligencia judicial que tenía el carácter de reservado, lo cual implica un grave riesgo para las personas que colaboran con la justicia. Esto no debería ocurrir y es un hecho que me preocupa mucho, por la seguridad de los testigos y por el curso mismo de la investigación, porque es muy distinto un proceso que se adelanta en condiciones de reserva de otro que no las tiene. Creo que con todo el material reservado que ha salido a la luz pública, a la Corte le va a quedar muy difícil encontrar personas dispuesta a atestiguar.

LA TRAYECTORIA DEL DIRECTOR DE LA DNE
Juan Carlos Restrepo Piedrahita es abogado especializado en Derecho de las Empresas y con maestrías en Régimen de Contratación Internacional y en Defensa y Seguridad Nacional.
Fue Director de Asuntos Corporativos y Regulatorios de la Cigarrera Bigott, en Venezuela; abogado regional para América Latina y el Caribe de British American Tobacco, en Brasil, y trabajó en el bufete Baker & McKenzie.
En Colombia fue el creador de la Fundación Querido Soldado y de la Asociación Tejido Humano. Es oficial del Cuerpo de Profesionales Oficiales de la Reserva del Ejército colombiano, en el grado de capitán.
Ha sido distinguido con la Orden al Mérito ‘José María Córdoba’, en el grado de caballero, y con la Orden Militar San Jorge, en el grado oficial ‘Unidos por la Paz’, otorgada por la Fuerza Multinacional de Observación de las Naciones Unidas en la Península de Sinaí (Egipto).
La revista británica Latin Lawyer le dio en su momento el reconocimiento como uno de los mejores 20 abogados de Colombia menores de 40 años.