Se desvanecieron las esperanzas que tenía el electo gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, de volver al cargo. El Juzgado Segundo Administratito Oral del Circuito de Montería calificó de improcedente una acción de tutela instaurada por el mandatario.
La acción judicial buscaba dejar sin piso la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo por tres meses más del cargo, aduciendo irregularidades en la suspensión de un contrato de ciencia y tecnología con recursos de regalías.
En el recurso, Besaile Fayat aludió la protección al debido proceso, la presunción de inocencia y buena fe y la igualdad a elegir y ser elegido. Sin embargo, el juzgado no dio validez a sus argumentos, alegando que Besaile logrará ante otras instancias judiciales la nulidad de las decisiones tomadas por el Ministerio Público y porque puede solicitar ante un juez administrativo las medidas cautelares que considere pertinentes.
Besaile lleva más de seis meses suspendido del cargo. Primero, por el pago de una factura por valor de 1.500 millones de pesos al denominado Cartel de la Hemofilia y justo cuando se vencían los seis meses de la suspensión, decretó una nueva suspensión.
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