Los fuertes combates entre la Fuerza Pública y una banda criminal, que opera en la zona del alto Sinú cordobés, originó el desplazaminto de 143 familias de cuatro comunidades indígenas y campesinas, residentes en la zona rural de Tierralta.
La denuncia la hizo la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, entidad que señaló que las 589 personas están asentadas en el centro poblado de la comunidad de Simbra, perteneciente al resguardo indígena Embera Katío, del alto Sinú.
Señaló la ONU que del total de personas desplazadas hay 27 familias que habitaban en el territorio de los combates y que las 116 restantes saleron huyendo despavoridas por temor a que sus vidas se perdieran en medio del fuego cruzado.
Lo más grave de la situación es que dentro de la población hay 356 niños, los cuales están en riesgo si se tiene en cuenta que en la zona no hay agua potable y tienen que abastecerse de un pozo estancado que comparten con los animales.
Tampoco hay alimentos para todas esas personas que se han ubicado en casas de algunos familiares y de otros que les han colaborado, pues tampoco cuentan con el espacio suficiente para brindarles albergue.
El informe señala que una comisión de verificación, integrada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y funcionarios de la alcaldía municipal, hicieron seguimiento a la situación y determinaron un censo de 15 familias campesinas, integradas por 54 personas; 128 familias indígenas, con 535 personas para un total de 589 personas desplazadas.
Se pronunció gobernadora
La gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, dijo que efectivamente hay un desplazamiento desde la zona rural de Tierralta y que las 143 familias están siendo atendidas inicialmente por la Alcaldía de la localidad.
Sostuvo que el hecho se dio por los combates que se están registrando entre el Ejército y miembros del Clan del Golfo y que está presta a cualquier requerimiento y solicitud de apoyo.
La mandataria, quien está en el ‘ojo del huracán’, luego de haber desestimado el desplazamiento que se originó en el municipio de Puerto Libertador, señalando que no es por el enfrentamiento entre bandas criminales, sino por un problema con los cocaleros, se defendió de los cuestionamientos hechos por la Defensoría del Pueblo, aduciendo que ha estado atenta a la situación que se vive en esa parte de Córdoba.
Por su parte, voceros de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba indicaron que no están dadas las condiciones para retornar a la zona de Puerto Libertador e Ituango, Antioquia, porque siguen recibiendo amenazas por parte de las bandas criminales, a través de redes sociales.
Reiteraron que pese a la presencia de la Fuerza Aquiles del Ejército, el control de la zona lo siguen ejerciendo los grupos al margen de la ley que se están disputando los territorios para la siembra y procesamiento de coca.
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