Cachenche está al norte de Bolívar, en jurisdicción de Turbana. Es un predio de 167,7 hectáreas que perteneció al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y hoy está en extinción de dominio, administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El lugar ha sido en tres ocasiones objeto de ocupaciones irregulares, que han obligado a la institución a sentarse y explicar una y otra vez porqué su deber es recuperarlo y a dónde van los recursos que se obtienen de su arriendo o venta.
La semana pasada, por tercera vez en los últimos dos años, se intentó desalojar a los ocupantes, pero una acción ante un juzgado en Turbaco frenó la diligencia. Sin embargo, la SAE volverá a sentarse esta semana en mesas de trabajo con los ocupantes, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Turbana y sus secretarías de Salud, Participación y todas las que puedan tener acción en la garantía de los derechos de los ocupantes, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y Migración Colombia, para avanzar en el diálogo que dé como resultado la desocupación del apetecido predio. Lea aquí: Campesinos de Cachenche hicieron plantón en Mamonal
El Universal habló con Juan Pablo Valbuena Anaya, gerente regional norte de la Sociedad de Activos Especiales, para entender desde su óptica el pasado, presente y futuro de Cachenche.
¿Cuál es la historia detrás de las ocupaciones en Cachenche?
- El predio lo recibimos en administración el 25 de abril del 2012 a través del antiguo administrador que era la Dirección Nacional de Estupefacientes. Se trata de un inmueble que ha tenido cambios en las diferentes etapas desde que lo recibimos, incluso ya estuvo arrendado, y como SAE, al igual que en otros predios, ejercemos la debida administración sobre los bienes, pero cuando se trata de bienes rurales a veces se nos presentan ocupaciones irregulares que, en virtud de la normativa que nos regula y lo que nos impone la ley de administración, es nuestro debe evitar y contrarrestar.
Haciendo un recuento de los últimos años, esta es la tercera ocupación irregular que hemos repelido, la primera fue en el 2018, frente a la cual hicimos todo el ejercicio para desocupar a ocupantes irregulares a través del mecanismo del desalojo. En 2019 nuevamente tuvimos registro de ocupación irregular e hicimos desalojo. El año pasado advertimos la presencia de ocupantes irregulares e hicimos todo el proceso dentro del protocolo para realizar el desalojo, lo comenzamos pero por la presencia de cultivos de pancoger los supuestos campesinos firmaron un acta donde decían que el 15 de diciembre de 2020 se comprometían a salir una vez retirados los cultivos, compromiso que fue incumplido. Lea aquí: Detienen desalojo de predio Cachenche
¿Qué pasó después de ese incumplimiento?
- Este año comenzamos otra vez con las mesas de trabajo con la Personería como garante, Alcaldía de Turbana con secretarías de salud, infancia, gobierno y general, involucramos a la Policía Nacional, Migración Colombia, porque se hizo una caracterización en octubre y vimos ocupantes no nacionales. En esas mesas, que hacen parte del protocolo normal que la ley nos indica, cumplimos.
Luego, cuando estaba todo organizado para el desalojo, en dos ocasiones anteriores a esta, nos fue suspendido por parte de acciones que han interpuesto los ocupantes irregulares ante el juez promiscuo de Turbaco, todas estas pretensiones que han radicado, en segunda instancia, siempre han salido a favor de la SAE.
Y es que hay que precisar que sobre los bienes que administramos no opera ninguna figura de prescripción adquisitiva ni ningún tipo de figura a través de la que ellos pretendan demostrar la posesión y el derecho real de dominio sobre los bienes porque son bienes del Estado, y operan tal cual, o incluso con mayor fuerza que un baldío. Lea aquí: Campesinos de Cachenche anuncian bloqueo vial para mañana
La semana pasada se cumplió el tercer intento de desalojo. ¿Qué pasó?
- Cumpliendo con el debido proceso, citamos nuevamente a los actores, acatando incluso con una carga que nos impuso el juez de segunda instancia cuando negó la pretensión de suspensión de la diligencia o las diferentes tutelas que presentaron los ocupantes irregulares, consistente en que debíamos hacer las gestiones para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que es la institución encargada de registrar a los campesinos, se vinculara al proceso.
Entonces vinculamos a la ANT a las mesas de trabajo, estuvimos en las mesas de la semana pasada, una participación activa, y llevaron respuesta acerca de la gestión que los ocupantes habían hecho ante esa entidad, y también precisando de manera contundente que no es una situación que obligue a la ANT a darles ese predio o cualquier otro.
Luego de eso, de manera rigurosa y personal, manifestamos que iba a darse el desalojo habiendo cumplido con todos los requisitos, y tuvimos que suspenderlo por una situación logística, y con el ánimo de retomar esta última mesa vinculando a la Gobernación de manera activa y esperamos que a más tardar esta semana retomemos mesas con todos los actores y se concrete la logística para el desalojo.
Desalojado el predio, ¿para qué se usará?
- El predio tiene vocación industrial y pecuaria, pero por la ubicación estratégica, teniendo en cuenta que Cartagena ha crecido hacia esa zona, hay un proyecto muy importante de energía alternativa que implica la puesta en marcha de más de un millón de paneles solares, energía eólica, que tendría un impacto importante para el municipio de Turbana, pero también para Cartagena y el departamento. El proyecto es por encima de 500 millones de dólares. Tenemos que velar porque proyectos como este salgan adelante. Somos motor de reactivación, de productividad social y económica. Lea aquí: Predio Cachenche no era de la familia Escobar
¿Será arrendado o vendido?
- Podemos hacerlo como arriendo de largo aliento o venta de los predios, para cualquiera de las opciones es vital que el predio esté disponible en todos los sentidos. En este momento está fuera del comercio por la ocupación irregular.
Si el predio se va a arrendar o vender, ¿por qué no dárselo a los campesinos?
- Nosotros no podemos disponer de los predios para entregárselo a ninguna minoría, no tenemos esa facultad legal, tenemos restricciones, esa pretensión de que los predios sean entregados a ellos o a cualquier otra minoría no es posible. Y es que precisamente la normatividad colombiana establece a unos responsables en casos como estos, que es la ANT, que es la que tiene que certificar la calidad de campesinos. Luego de surtir el proceso, es la ANT en virtud de su misionalidad la que deben identificar qué predio, de nosotros u otra institución, se podrá asignar a esos ocupantes.
¿A dónde van los recursos por venta o alquiler?
- Tenemos como SAE la labor titánica de administrar bienes de las personas naturales o jurídicas sujetas de extinción de dominio, y ¿qué pretende? Que esos bienes objeto de adquisición con recursos irregulares, narcotráfico, bandas criminales, corrupción, se les dé la vuelta, y dejen de ser oscuridad para convertirse en luz para la reactivación, seguridad y productividad del país.
En el transcurrir de la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) hemos transferido más de 500 mil millones de pesos que van a la policía judicial, Fiscalía... Todo lo que producimos va a contribuir a lo que significan las siglas del fondo.
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