Regional


Procurador advierte recrudecimiento de la violencia en Córdoba

Entre el 2016 y 2020 se han reportado 85 agresiones contra líderes sociales, 19 homicidios y 2 desapariciones.

NIDIA SERRANO M.

26 de agosto de 2020 10:45 PM

El panorama de orden público en Córdoba es delicado. Se siguen presentando reclutamiento forzado, asesinatos selectivos de líderes, desplazamientos, violencia sexual, extorsiones y un evidente recrudecimiento de la violencia.

Ese fue el panorama que presentó el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, durante su intervención en la Mesa Virtual para la Protección de la Vida, la cual fue instalada por el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, con representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, instituciones estatales y líderes sociales.

El funcionario insistió en que hay una precaria respuesta institucional ante las denuncias de situación de riesgos y anunció que en los próximos días presentarán ante el Congreso un proyecto de ley de acceso a la justicia, que responde a una consulta ciudadana con la participación de más de 9 mil personas, la cual busca justicia territorial, para desmantelar las organizaciones criminales.

Se mostró preocupado con el desplazamiento que se ha generado en el sur de Córdoba, especialmente en los municipios de San José de Uré y Puerto Libertador, donde se registraron dos masacres, que generaron pánico en por lo menos 50 familias que salieron huyendo de la zona.

Se refirió además a la delicada situación que viven las comunidades indígenas asentadas en Córdoba, quienes no tienen la capacidad para contrarrestar la violencia de los grupos armados: “Es por eso que insistimos en la justicia territorial, como una necesidad para desmontar las estructuras armadas del sur de Córdoba”.

Temor de la comunidad

En esa misma premisa coincidió el vice defensor del pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón, quien sostuvo que luego de una visita hecha por una comisión humanitaria a los municipios de Montería, San José de Uré y Montelíbano pudieron comprobar el temor que tienen los pobladores para abordar temas relacionados con la presencia de grupos armados en la zona.

Confirmó que en Tierralta, Montelíbano, San José de Ure, Montería, Moñitos, Valencia, Planeta Rica y San Carlos, hay presencia de las disidencias de las FARC, Clan del Golfo, Los Caparros y ahora el ELN y todos se disputan el control de la criminalidad en el territorio.

También dijo que hay rutas de droga entre Antoquia, sur de Córdoba y sur de Bolívar que se conectan con el Catatumbo, lo cual ha dejado una estela de muertes y de masacres.“En 2019 se presentaron 14 eventos que afectaron a más de 4.200 personas; 1.282 eran indígenas y en el 2020 se presentó un desplazamiento de 15 familias en la vereda Alto Cristal de San José de Uré”, precisó.

Así mismo señaló que entre el 2016 y 2020 se han reportado 85 agresiones contra líderes sociales, 19 homicidios en Córdoba y 2 desapariciones y que el año con más homicidios fue el 2018, cuando asesinaron a 8 líderes sociales, 6 en San José de Uré y 2 en Tierralta.

Por su parte, el defensor de derechos humanos y director de Cordobexia, Andrés Chica, pidió un plan efectivo para el desmonte del paramilitarismo en Córdoba, como una de las alternativas para frenar la ola de violencia que azota a los pobladores de esa región de la costa.