Un nuevo escándalo salpica a Córdoba. Esta vez la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal decidió suspender provisionalmente por tres meses a la secretaria de Mujer de Córdoba, Sandra Gómez Urbina, con el fin de investigar presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a los ancianos.
El Ministerio Público señaló que entre las irregularidades detectadas se encontraron inconsistencias en las planillas que justificaban la prestación del servicio, al tener datos parciales o no contar con la firma del beneficiario del programa.
También se encontraron listados con personas que no tendrían derecho por no pertenecer al Sisbén en los niveles I y II de atención o por hacer parte del régimen contributivo y otras personas a quien al parecer se les suplantó la firma para hacerlos figurar como beneficiarios del programa y otras más donde los nombres consignados en los formatos no coinciden con el número de cédula con el que el adulto mayor se inscribió en el programa.
Se investiga también registros de personas que tendrían su lugar de residencia en un departamento diferente y usuarios con cédulas que fueron dadas de baja por fallecimiento por parte de la Registraduría del Estado Civil.
Con relación a la decisión de la Procuraduría, la gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia, indicó que fue encargada de ese despacho Olga Payares Urzola, quien actualmente se viene desempeñando como secretaria de Cultura, mientras el órgano de control investiga las aparentes irregularidades que habrían sido cometidas por Gómez Urbina como encargada de controlar y vigilar los convenios interadministrativos suscritos para la atención de los adultos mayores con los municipios de Pueblo Nuevo, Ciénaga de Oro, Los Córdobas, Chinú, San José de Uré, Planeta Rica, Valencia y Sahagún.
Concentracción contractual
Una de las irregularidades detectadas en esos convenios es que seis de los ocho municipios contrataron con la misma Fundación denominada Gotitas de la Prosperidad, lo cual se tipifica como una concentración contractual en la ejecución de los recursos de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.
Dentro del listado de municipios figura Ciénaga de Oro, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Valencia y San José de Uré, pero una vez verificada la dirección que muestra la fundación ante la Cámara de Comercio se encontró que allí funciona una venta de peces ornamentales y de minutos de celular.
Pese a que Gómez Urbina dijo que los contratos habían sido realizados por cada Municipio y que la Gobernación nada tenía que ver con los mismos, el Ministerio Público consideró que era un tema para analizar, pues coincidencialmente las irregularidades se presentan en los convenios con esa fundación.
Se investiga además si hubo deficiencias en la ejecución de la contratación municipal que no han sido reportadas por la Secretaría de la Mujer, Género y Desarrollo Social como supervisora de los Convenios Interadministrativos como sobrecostos en las actividades de atención del adulto mayor, irregularidades en los procesos contractuales, no hay continuidad en los programas de atención y protección integral del anciano.
La Veeduría Córdoba Posible había advertido sobre las posibles irregularidades que se estaban presentando en el manejo de dichos recursos y había prendido las alertas porque en el municipio de Planeta RIca habían avalado un Centro de Bienestar Municipal, que no existe y habían certificado que allí se atendían y se alojaban 64 adultos mayores, situación que no corresponde a la realidad, y por la que el Departamento desembolsó la suma de 370 millones de pesos.
Se mencionó además que hubo falsedad en documentos públicos porque aparecen dos actas firmadas, a la misma hora y en municipios distantes uno de otro, por la misma secretaria de Mujer. Sin embargo, ella explicó que hubo equivocación en una de las fechas porque el día de la reunión se fue la luz en el municipio de Valencia y no habían podido hacer el acta, pero que luego ese error fue subsanado.
Gómez Urbina, quien deberá permanecer tres meses fuera del cargo, dijo que la Contraloría ya había hecho una revisión detallada de los convenios y no había detectado ninguna irregularidad.
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