Regional


Procuraduría suspendió a junta directiva de la Cámara de Comercio

Las empresas contratadas no poseen la idoneidad, ni la capacidad financiera y organizacional para realizar el objeto del mismo.

NIDIA SERRANO M.

08 de julio de 2020 07:15 PM

La Procuraduría Regional de Sucre, a cargo de Lesvia Montalvo Díaz, abrió investigación disciplinaria y suspendió por tres meses a los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Montería, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos por el valor de 8.500 millones de pesos.

La medida cobija al presidente de la junta directiva, Jorge Doria Corrales, y a los miembros Álvaro Sepúlveda Salgado, Gloria Díaz Tapia y Mario Díaz Ibáñez. El director ejecutivo, Félix Manzur, había sido suspendido con antelación por la Procuraduría Regional de Córdoba.

La suspensión es provisional para evitar que los indagados puedan interferir en el desarrollo de las actuaciones disciplinarias, fiscales y penales. Según la Procuraduría, sus miembros incurrieron presuntamente en omisión al no actuar en forma diligente para controlar las presuntas irregularidades que se han venido presentando, especialmente por no convocar mecanismos amplios de convocatoria pública.

El ente de control sostuvo que en las pruebas recaudadas, en las que se evidencian contratos con las mismas cuatro empresas, hay un lugar común y es que en la mayoría de los casos la persona jurídica no posee la idoneidad, ni la capacidad financiera y organizacional para realizar el objeto del contrato, según el certificado de existencia y representación legal.

Lo anterior, señala el documento de la Procuraduría, habría hecho incurrir a su director, Félix Manzur, en celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales y se refieren a cada uno de ellos, entre esos al suscrito con Prosjekat por valor de 250 millones de pesos para hacer un estudio que permita identificar la victimización y percepción de seguridad pública en los establecimientos comerciales de Montería, Cereté, Sahagún, Lorica y Planeta Rica en 2016.

Indican que esa empresa no posee la idoneidad respectiva para la celebración del contrato, por cuanto tiene fecha de matrícula mercantil de 2013 y no se acreditó la experiencia relacionada con el fin de tener la capacidad financiera, con el agravante de tener un capital activo de 60 millones de pesos, lo que conlleva a generar un presunto detrimento patrimonial, al celebrar un contrato por una cuantía superior a la que estaba autorizado el representante legal.

También se refieren al contrato suscrito en 2018 para una consultoría con Alliance, empresa que para la fecha era unipersonal, pese a que debía ser constituida con denominación como SAS, es decir se hizo con una persona jurídica ilegal para efectos mercantiles, en el entendido de que existe, pero no es válida jurídicamente. Solo este año se hizo el cambio a SAS.

La apertura en la investigación disciplinaria se fundamente en que los miembros de la junta directiva podrían estar incursos en la comisión de presuntas faltas por la omisión, respecto a las funciones de la junta directiva, pues son sus miembros los directamente responsables de la planeación, adopción de políticas, control y evaluación de la gestión de la Cámara de Comercio.

También advierten que pueden existir faltas disciplinarias ante el incumplimiento de los deberes y advierten que en el artículo 8 de la ley 1727 se establece que los miembros de la junta responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa grave ocasionen a la respectiva cámara.