Prórroga de suspensión es un despropósito del procurador: abogado de Besaile

La prórroga de la suspensión por tres meses más al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, fue calificada por el abogado defensor, Julio César Ortiz, como un despropósito de la Procuraduría General de la Nación.

El jurista indicó que aún no han sido notificados, pero que una vez lo hagan, interpondrán los recursos y acciones correspondientes, pues considera que no hay méritos para mantener la suspensión que se originó desde el pasado 19 de enero.

Por su parte, el El Ministerio Público señaló que la prórroga de la suspensión provisional está justificada, teniendo en cuenta que se mantienen los elementos de juicio que permiten acreditar la probable interferencia del gobernador en el trámite del proceso.

La investigación disciplinaria busca esclarecer los hechos y presuntas irregularidades en el pago de más de 1.500 millones de pesos a la IPS San José de La Sabana .S.A.S., para la atención de 14 falsos pacientes presuntamente diagnosticados con hemofilia.

Los primeros tres meses de suspensión se vencían este 18 de abril y el mismo Besaile había señalado que el ente de control no tenía elementos contundentes para prorrogarla, dado que el pago de la factura por concepto de falsos pacientes de hemofilia fue hecha por el entonces secretario de Salud de Córdoba, Jaime Pareja Alemán.

La misma gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia, declaró que efectivamente los secretarios de Salud y Educación eran autónomos en el manejo del presupuesto, señalado en una ordenanza de la Asamblea.

Besaile tenía las esperanzas puestas en su retorno al cargo, aduciendo que hay varios asuntos que necesitan ser gestionados en aras de lograr la culminación de algunas obras que están pendientes en el departamento.

Como se recordará, el mandatario fue suspendido con el fin de evitar que pudiera intervenir en la investigación que se adelanta en Córdoba por el denominado cartel de la hemofilia, mecanismo a través del cual se habrían timado la suma de 50 mil millones de pesos, a través de pacientes a los que les adulteraron los exámenes de laboratorios y los exámenes clínicos para hacerlos pasar como hemofílicos.

El cartel tuvo su mayor auge durante la administración del exgobernador Alejandro Lyons. Sin embargo, el actual mandatario pagó una cuenta por concepto de pacientes falsos y eso motivó la decisión de suspensión por parte de la Procuraduría.