La Secretaría de Educación Departamental de Sucre y la Policía Nacional en este departamento, están impulsando la conformación de los frentes de seguridad en municipios y colegios, para contribuir a evitar los hurtos de material tecnológico que han aumentado en los últimos meses en las instituciones educativas.
“El objetivo es hacer partícipe a la comunidad en general en torno a la seguridad de las instituciones educativas. El paso a seguir es convocar estos frentes por municipio para que se formen unas redes de información, proceso que liderará la Policía Nacional”, informó Merlys Rodelo Martínez, secretaria de Educación de Sucre.
Explicó que hay la disposición de algunas instituciones educativas en anticiparse con la conformación de redes de apoyo y vigilancia con estudiantes, docentes, directivos y padres de familia y comunidad.
“He hablado representantes de la Institución Educativa Pajonal y Palo Alto, del municipio de San Onofre, quienes se llevan la inquietud para empezar a conformar ese frente. En la Institución Educativa El Naranjo, corregimiento del municipio de Majagual, también tienen ya adelantado un trabajo con la Policía Nacional”, dijo la funcionaria.
Aclaró que la Nación es la que debe financiar la contratación de personal de vigilancia, pero que no hay recursos ahora para ello, no obstante la Secretaría ha sido reiterativa en gestionarlos.
“Sabemos que las necesidades de las instituciones educativas en materia de seguridad son muchas y que los recursos son insuficientes, pero también que es un trabajo de equipo”, dijo Rodelo Martínez.
Los frentes estarán integrados por miembros de la fuerza pública, directivos docentes, docentes, estudiantes, como los personeros y contralores estudiantiles, y miembros de la comunidad.
El mayor Juan Rodríguez, comandante operativo encargado del Departamento de Policía Sucre, presentó un informe estadístico sobre los hurtos y dio recomendaciones de autocuidado a los directivos docentes.
Precisó que en lo que va corrido del año van 396 elementos de cómputo hurtados en 89 hechos, es decir, 18 situaciones más que en 2017. “Estamos trabajando con las mismas comunidades y las convocamos para que nos suministren información de aquellas personas sospechosas que no sean de la región, o de cualquier índole, que nos pueda conducir a la ubicación y judialización. Algunos autores ya han sido capturados y judicializados”, informó el mayor Juan Rodríguez.
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