Sucre


Gobernadores denuncian alto hacinamiento de capturados en estaciones de Policía

Según Gobernador de Sucre, en este departamento hay 84 personas acusadas de homicidio con detención domiciliaria.

Al culminar en Armenia el Sexto y último Encuentro Las Regiones Proponen, el Congreso Responde, convocado por la Federación Nacional de Departamentos, una de las conclusiones se concentró en la necesidad de fortalecer soluciones que ataquen de fondo el hacinamiento en estaciones de Policía.

En ello coincidieron los gobernadores de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona; Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas; Risaralda, Víctor Manuel Tamayo; Sucre, Héctor Olimpo Espinosa (en calidad de presidente del consejo directivo de la FND), así como senadores y representantes electos de la región.

“No puede ser que en estaciones de policía y centros de atención inmediata de sus acciones tengamos 100, 200, o 300 sindicados por delitos graves en nuestros departamentos. Peor aún, que en casos como en Sucre, tengamos a 84 personas acusadas de homicidio en detención domiciliaria”, expresó el gobernador Espinosa.

Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Dídier Tavera, explicó que esta petición, plasmada en el libro blanco del documento Las Regiones Proponen, obedece a una necesidad estructural de acometer profundas reformas a la Justicia.

"Se deben establecer protocolos regionales de implementación del Código de Policía y el Código de Convivencia. El no tener un protocolo adecuado a las dinámicas territoriales ha limitado el desarrollo de capacidades de implementación en clave preventiva. Se hace necesario disponer de protocolos territoriales ajustados a los principales problemas de convivencia de cada ente territorial para cerrar brechas de implementación, sanción y recaudo", enfatizó el director ejecutivo de la FND.

En materia de seguridad y convivencia, las propuestas de los departamentos colombianos a los candidatos presidenciales y al nuevo Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio se resumieron así:

- Reorganizar estratégicamente las Fuerzas Militares y de Policía de acuerdo con las necesidades territoriales. La situación actual del país, las nuevas dinámicas de la acción criminal y de actores que buscan entorpecer la efectividad de acciones de Policía y de las Fuerzas Militares están generando que se materialicen riesgos en diferentes zonas de Colombia.

- Es imperativo fortalecer la presencia institucional de la Policía y de las Fuerzas Militares en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad con enfoque diferencial.

- Formular una política de fronteras sostenible en el tiempo, pues Colombia cuenta con más de 6 mil kilómetros de perímetro fronterizo. De los 32 departamentos, 13 tienen esa característica.

- Financiar y reformar la ley anticontrabando para la lucha contra el delito. El contrabando, especialmente de bebidas alcohólicas y cigarrillos, se ha convertido en un delito asociado y conexo a otros como el narcotráfico y el lavado de activos, sin desconocer, además, el impacto negativo en las finanzas departamentales.

- Reformar la Justicia.

- Evaluación, diagnóstico y reforma de la Política Criminal del Estado.

- Fortalecer los programas y proyectos enfocados en prevención de consumo y dinámicas de violencia, especialmente para jóvenes.

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