El abogado de la ex secretaria de Salud de Sucre, Nayibe Padilla Villa, informó que su clienta está dispuesta a entregarse a las autoridades dentro del proceso de investigación adelantado por la Fiscalía, denominado “cartel de los enfermos mentales”.
Inocencio Meléndez, en calidad de apoderado de la funcionaria de la Gobernación del departamento de Sucre, dijo además que Padilla Villa no está fuera del país como se había dicho inicialmente, pero que se encuentra gozando de unas vacaciones.
Quien fuera la Secretaria de Salud de Sucre en el año 2015, conoce ya la existencia de una orden de captura en su contra y por ello se dirigió a la Fiscalía con su apoderado expresando su intención de asumir el proceso judicial relacionado con el sonado caso de corrupción.
Ya a los otros seis funcionarios se les legalizaron sus capturas por parte de un juez de la República y ahora se les realizarán las audiencias de imputación de cargos y decisión de medida de aseguramiento, en una cárcel o sus respectivos domicilios.
Los ya capturados y procesados son Efraín de Jesús Suárez Arrieta, ex secretario de Salud de Sucre en el año 2014; José Jorge Madera Lastre, ex secretario de Salud de Sucre en la vigencia 2013; Samir Gregorio Será Álvarez, líder del programa de Auditoría de la Secretaría de Salud de Sucre; Luis Alberto Fadúl Díaz, representante legal de la Fundación Nuevo Ser y Ronaldo Herazo Bertel, contador público personal del ex gobernador Julio César Guerra Tulena.
Estas personas fueron atrapadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones, C.T.I, para que respondan por tres delitos contra la administración pública, ellos son peculado, prevaricato por acción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Según las investigaciones del ente de control del Estado, durante los años 2012 a 2015, la Secretaría de Salud de Sucre pagó a dos IPS (Clínica Nuevos Amaneceres y Fundación Nuevo Ser), 5 mil millones de pesos, fundamentados, al parecer, en documentos falsos donde se registraba la presunta atención hospitalaria a pacientes mentales, a personas que en realidad no tenían tal enfermedad.
Los galenos que aparecían registrados como quienes autorizaban los tratamientos médicos, señalaron a las autoridades que ellos no tenían contrato vigente con ningunas de las IPS investigadas y beneficiadas con los pagos, además los sellos usados no correspondían a los profesionales médicos.
Se estableció que a todos los pacientes se les ordenaba el mismo tratamiento, medicamentos y se registraba la misma evolución. Con estas irregularidades se apropiaron presuntamente de la suma cancelada.
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