La suspensión del contrato de regalías que tiene en líos con la Procuraduría General de la Nación al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayat, no fue arbitrario, según indicó el mandatario.
Señaló que no entiende por qué le abren una investigación disciplinaria, aduciendo supuestos vicios en la cancelación de un convenio de cooperación suscrito con la fundación George Dahl por valor de 14 mil 115 millones de pesos, cuando tiene un informe de interventoría que señala las múltiples irregularidades existentes.
Indicó que el procedimiento administrativo sancionatorio se hizo con fundamento en informes de ejecución de la interventoría, a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el cual se daba cuenta de serias irregularidades que evidenciaban un posible detrimento patrimonial.
Señalaba por ejemplo el injustificado uso por parte de la Fundación George Dahl de 1.344 millones de pesos, 69 incumplimientos de carácter técnico y hasta la realización de un crédito por valor de 300 millones de pesos de manera caprichosa, explicó Besaile.
Dijo que el mismo informe señalaba otras irregularidades que involucran al contratista Jesús Henao Sarmiento, imputado por el homicidio del director de regalías, Jairo Zapa Pérez, y representante legal de la firma Ceniagroecológicos, empresa a la que supuestamente se le arrendó un predio por 2.600 millones, del cual no se probó siquiera su existencia.
"Así las cosas, la Gobernación de Córdoba, llevó a cabo el trámite administrativo respectivo, respetando siempre la garantía del debido proceso, el ejercicio del derecho de contradicción y defensa; no obstante de acuerdo con las pruebas recaudadas la administración logró determinar que, para la época, la ejecución financiera del proyecto era de 49,71% cuando, de acuerdo con el tiempo transcurrido y los dineros girados debía ir como mínimo en un 73%, por ello teniendo siempre presente la importancia de la preservación de los recursos estatales, se procedió con la declaratoria de incumplimiento", sostuvo el mandatario seccional.
Finalmente, dijo que toda la documentación del proceso sancionatorio adelantado contra la Fundación George Dahl, se encuentra a disposición de los órganos de control y que está presto a dar las explicaciones pertinentes de la decisión tomada y a demostrar que no se trata de una decisión arbitraria como pretende hacerlo ver el demandante, Kalil Petro, sino la decisión que en derecho correspondía para la preservación de los malogrados recursos de regalías del departamento de Córdoba.
Como se recordará la Procuraduría abrió investigación por la suspensión del contrato firmado en el año 2013 por el entonces gobernador, Alejandro Lyons, con el objeto de ejecutar las actividades del proyecto denominado investigación en recursos hidrobiológicos del caribe colombiano, financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
El representante legal de dicha fundación, Kalil Petro Sakr, instauró un proceso legal aduciendo que el convenio para el mes de abril de 2016 avanzaba en un 48,9 por ciento, lo cual indicaba que podían terminarlo en el tiempo previsto, y pese a ello el gobernador Besaile declaró el incumplimiento y lo multó con la suma de 2.800 millones de pesos.
Hay que recordar que en el mismo proceso de investigación fueron vinculados el exdirector de Planeación Manuel José Benjumea Simancas, la asesora del despacho Sandra Milena Hoyos y al director de contratación de la Gobernación de Córdoba, Jairo Cruz Lozano.
Foto 1
Edwin Besaile, gobernador de Córdoba
Comentarios ()