El Juzgado Cuarto Municipal ordenó la suspensión temporal de la intervención, con fines liquidatorios, que había hecho la Superintendencia de Salud a la EPS de los indígenas, Manexca, la cual presta el servicio a 200 mil afiliados.
En el fallo de la juez María Bernarda Martínez Cruz, se ordena a la Súper suspender los efectos de la resolución de intervención y volver las cosas al estado en que se encontraba antes de decidir la liquidación de la entidad.
“En consecuencia ordénese a la Superintendencia Nacional de Salud, de manera transitoria, suspender los efectos de la Resolución Número 000527 del 27 de marzo de 2017 y volver las cosas al estado anterior a la toma de posesión, haberes y negocios que se efectuó en la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre Manexka EPS, el día 28 de marzo de 2017”, señala un aparte del fallo.
La decisión se tomó luego del fallo de una acción de tutela impetrada por la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, en la cual señalaban que estaban violando su autonomía y que además se estaba afectando la prestación de un buen servicio.
Al conocer el fallo, la Superintendencia indicó que las EPS se rigen por los principios de la justicia ordinaria y no por las leyes Zenú y que por ende no pueden suspender un proceso que se realizó luego de detectar las múltiples irregularidades cometidas en la mencionada entidad.
Según lo indicado por Normal Julio Muñoz, superintendente de Salud, entre los principales hallazgos que motivaron la decisión, según la Súper, están la venta de inmuebles de propiedad de la EPS Manexka a la IPS Indígena del mismo nombre por 600 millones, sin que el valor de dicha transacción se evidencie en los registros contables. A estos inmuebles se les realizaron mejoras por valor de 240 millones existiendo únicamente una promesa de compraventa entre las dos entidades. ?
Señaló además que el porcentaje de contratación con la IPS indígena Manexka que presta servicios de primer nivel, no es equiparable con el porcentaje de contratación que se realiza con otras instituciones que prestan servicios de mayor nivel de complejidad. ? Tampoco entregaron información sobre el origen de financiamiento para la adquisición de la sede en la que actualmente funciona y que de acuerdo a los libros contables asciende a 2.900 millones de pesos, lo que a juicio de la autoridad de salud podría configurarse como una apropiación indebida de recursos de la salud pues aparentemente este dinero salió de los recursos que asigna el gobierno por cada afiliado.
Ingresos ficticios
Los hallazgos incluyen además la contabilización de ingresos extraordinarios ficticios para dar cumplimiento a la norma de habilitación financiera del orden de los 13.800 millones, pago de honorarios a miembros de la junta directiva sin autorización por 304 millones, gastos de nómina registrados y pagados como costos en salud. También se rastrearon cuentas bancarias activas e inactivas que nunca fueron reportadas en los estados financieros.
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