Tras conocerse el asesinato del líder social Edwin Acosta Ochoa, de 58 años, en el corregimiento de Mina, municipio de Tiquisio, sur de Bolívar, muchos fueron los rechazos a los actos violentos de las últimas semanas.
“La rabia y la indignación se apoderan de Tiquisio”, son algunas de las frases que se leen en las redes sociales, y de paso piden a las autoridades más acciones para evitar se repitan los actos violentos.
Aseguran que ya no van a poder reclamar sus derechos y mucho menos trabajar tranquilamente, puesto que los pueden asesinar.
“Lo que pasó con nuestro amigo nos duele mucho --afirmaron los pobladores--, porque él era una persona que verdaderamente trabajaba por la comunidad y por quienes lo necesitaban. Nunca tuvo reparos con nadie. Para él, todos los problemas de la comunidad eran igual de importantes”.
Acosta fue atacado, aproximadamente, a la una de la tarde del pasado martes, cuando estaba en su vivienda, de la zona rural, donde era representante de un comité de mineros. Al parecer, los autores fueron cuatro sujetos que se movilizaban en motos.
El cuerpo fue trasladado por las autoridades hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal, en el municipio de Magangué.
La alcaldesa, Karen Contreras Acuña, señaló que el orden público en Tiquisio se ha visto afectado por los diez asesinatos que se han presentado en lo que va corrido del año, los cuales son materia de investigación.
Según ella, en zona rural tienen presencia grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y Ejército de Liberación Nacional (Eln).
“La semana pasada --contó-- se presentaron tres muertes violentas y todo indica que se trataría de un ajuste de cuentas y una pelea por el dominio del territorio”
Sostuvo que debió organizar un consejo de seguridad, pero el asesinato del líder social, que se dedicaba a formalización de las asociaciones de los mineros en el centro poblado donde fue ultimado, la puso en alerta y pidió el apoyo de las autoridades para garantizar la seguridad de la población en general.
“Desconocemos los móviles del asesinato, porque, de acuerdo con lo manifestado por los familiares y las autoridades, el hombre nunca denunció o manifestó haber recibido amenazas”, declaró Contreras.
Denunció que, luego de realizar el cambio de toda la fuerza pública a comienzos de este año, ella, su esposo y algunas personas de la comunidad, comenzaron recibir amenazas.
Declaró que la situación en la zona rural le preocupa y teme que la comunidad tome represalias por lo que sucedió con Acosta, se arme y haya más asesinatos.
“Hemos presentando las denuncias de lo que está pasando. Ya el Departamento y la Vicepresidencia tienen conocimiento”, afirmó.
Explicó que se le ha hecho difícil entregar unas ayudas alimentarias que llegaron desde Bogotá para la zona rural, porque cuando quieren llegar a esos lugares deben movilizar a muchos miembros de la Infantería de Marina y del Ejército Nacional, para garantizar que la población reciba las ayudas, ya que ese es un municipio con mucha población rural dispersa.
“Cuando iniciamos con la sensibilización de la población sobre el COVID-19, los grupos armados ilegales citaron a mis funcionarios y les prohibieron entrar a ciertas horas y les imponían horarios para salir. Esta es una situación que le hemos expuesto al gobernador Vicente Blel, de quien esperamos apoyo” indicó.
El secretario del Interior de Bolívar, Carlos Feliz, informó que se emprendieron las investigaciones pertinentes, pero que hasta el momento se sabe que se trata de rencillas entre bandas criminales por el dominio de terrenos con cultivos ilícitos.
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