Con mucha esperanza y la alegría de volver a sus tierras, 12 familias campesinas, víctimas de abandono forzado en Bajo Don Juan, en Colosó, recibieron el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Sincelejo que les devuelve sus predios.
Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia que restableció sus derechos sobre los predios e impartió órdenes de reparación integral y medidas complementarias en su beneficio.
(Lea aquí:Restitución de Tierras y Unisucre se unen por el desarrollo rural de Montes de María)
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio a conocer que la entrega material y jurídica del predio atiende a un despacho comisorio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, ente que profirió la sentencia de restitución.
El fallo ordena la división e individualización de 96 hectáreas en doce predios de igual extensión con el fin de garantizar el goce efectivo de las tierras a estas familias y la implementación de proyectos productivos que les posibiliten superar las condiciones de vulnerabilidad.
Según la sentencia, estas familias fueron adjudicatarias de las tierras mediante resolución expedida por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), en 1993 y ejercieron sus labores agrícolas en comunidad a través del cultivo de yuca, maíz y tabaco.
Sin embargo, entre los años 2002 y 2004 se vieron obligados a desplazarse forzosamente a Sincelejo, debido al temor generado por grupos armados al margen de la ley que hacían presencia en la zona y al hallazgo de una fosa común dentro de un pozo artesanal ubicado en la parcela.
La Unidad apoyará a las familias restituidas en el desarrollo de iniciativas productivas de ganadería doble propósito y cultivo de marañón, asociado con yuca. Estos tendrán una inversión superior a los $463 millones.
“Estamos ansiosos de volver a cultivar esta tierra. El marañón es algo nuevo para nosotros, pero estamos contentos porque sabemos que va a ser bueno para la economía”, indicó Abel Ruiz Cárdenas, uno de los beneficiarios.
La sentencia establece otras medidas complementarias y con efecto reparador como la priorización a subsidios de vivienda rural y la implementación de sistemas de alivio y/o condonación de pasivos a favor de los núcleos familiares, esto en concordancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011.
La providencia también reconoce a un segundo ocupante y dicta compensación económica a otro de los opositores dentro del proceso.
Comentarios ()