Empezará a tramitarse en veinticuatro horas gracias al apoyo de la mayoría del Parlamento, pero la despenalización de la eutanasia está lejos de ser un tema que genere consenso en la sociedad de Portugal, sumida desde hace días en uno de sus mayores debates públicos de los últimos años.
Casi como si se produjera a dos velocidades, cuantos más apoyos parece reunir en la cámara más se acentúan las diferencias entre los ciudadanos sobre este asunto, en vísperas de que este jueves se voten cinco propuestas de ley para despenalizar la eutanasia.
Las presentan cuatro formaciones de izquierda -el gobernante Partido Socialista, Bloco de Esquerda, la fuerza animalista PAN y la ecologista PEV- e Iniciativa Liberal y, dada la mayoría que conforman y salvo sorpresa mayúscula, si no todas, al menos una sí será aprobada para iniciar así su periplo legislativo.
Frente al creciente apoyo político, el debate público se ha caldeado en los últimos días e involucra prácticamente a toda la sociedad, con la opinión de expertos, expolíticos y hasta el seleccionador nacional de fútbol, Fernando Santos, con argumentos que llegan a cuestionar si el Parlamento tiene legitimidad para despenalizar la “muerte asistida”.
¿Qué se vota en la cámara?
Todas las propuestas de ley coinciden en lo esencial: el solicitante deberá ser mayor de edad, sin problemas mentales, y estar en situación de sufrimiento “duradero e insoportable” con enfermedad o lesión incurable y fatal.
Además, habrá de confirmar varias veces su voluntad, pasando por un comité de expertos, y los médicos y enfermeros podrán argumentar objeción de conciencia para no aplicarla e inmediatamente remitir al paciente a profesionales que sí lleven a cabo esta práctica.
Se pretende así acabar con las actuales penas de entre uno y ocho años de cárcel que se aplican en Portugal a quienes ayuden a una persona a morir, dependiendo de cómo se tipifique: homicidio privilegiado, homicidio a petición de la víctima o crimen de incitación o auxilio al suicidio.
Lo que diferencia a estas propuestas es, preferentemente, de matiz técnico: el número de personas que deben integrar el comité médico o cuántas veces el enfermo tiene que confirmar que quiere someterse a la eutanasia.
En Portugal, donde alrededor del 80 % se declara católico, casi la mitad de la población se muestra a favor de la eutanasia. Concretamente el 46,1 %, frente a un 27 % en contra y un 26 % que prefiere no manifestarse al respecto.
Son datos de 2017, la última vez que se publicó un gran sondeo sobre esta cuestión en un momento en que se planteaba que la despenalización de la “muerte asistida” llegase al Parlamento.
En la misma encuesta, un 44 % estaba a favor de que la propuesta se votase en referendo, en tanto que un 32 % se oponía. Una opción que se ha convertido en central ahora, especialmente para quienes son contrarios, dado que se espera que haya mayoría parlamentaria para despenalizar la eutanasia.
Incluso, a veces se llega a cuestionar la legitimidad de la cámara para decidir sobre este tema.
“En un asunto de esta magnitud no me parece bien que 230 personas, por más méritos que tengan, legislen por mí y por todos los demás sin una consulta popular”, afirma el seleccionador Fernando Santos, uno de los héroes del país tras ganar la Eurocopa en 2016.
En la misma postura se sitúan la Conferencia Episcopal y la Federación Portuguesa por la Vida (FPV), que reúne a contrarreloj las 60.000 firmas necesarias para pedirlo ante el Parlamento antes de que culmine la tramitación de la ley. Ya llevan 40.000.
“Un proyecto de ley que no fue discutido en campaña electoral, que no estaba en el programa electoral de los partidos más votados... Veo difícil que el Parlamento tenga legitimidad para tratar este asunto”, dice Jose Maria Seabra Duque, miembro destacado de la FPV.
Seabra Duque destaca que los proyectos han sido rechazados por el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y que los socialistas no habían incluido esta medida en su programa electoral.
“Lo que va a ocurrir el jueves es normalidad democrática, resultado de lo que fueron las elecciones legislativas en octubre pasado”, le rebate Bruno Maia, médico y uno de los coordinadores del movimiento “Derecho a Morir con Dignidad”, que en 2017 ya presentaron más de 8.000 firmas para llevar el debate al Parlamento.
A diferencia de 2018, cuando también se presentaron proyectos de ley que no prosperaron, el debate ha rehuido más las cuestiones religiosas y se ha centrado en el Estado -qué debe garantizar, hasta dónde llegar- y la libertad individual.
Maia destaca, que en Portugal “la ley actual no permite que una parte de la sociedad tenga respuestas” cuando se encuentra en una situación límite, sino que “impone una visión de la vida, una visión de la muerte, a todo el mundo”.
“Lo que hacemos con la despenalización es crear un cuadro legal en el que toda la gente es respetada y quien no cree en la eutanasia no está obligado a ella”, remarca.
Para la FPV la cuestión es otra.
“Esta no es una cuestión de autonomía personal, es una cuestión de saber si el Estado tiene el poder para decir que hay ciertas vidas de ciertas personas que pueden acabar”, lo que considera “abrir una puerta peligrosísima”.
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