Fiscales federales de Estados Unidos abrieron una investigación criminal para determinar si las compañías farmacéuticas actuaron de forma intencionada para inundar a la sociedad estadounidense de fuertes analgésicos u o1pioides, una crisis que hasta el momento se ha saldado con unas 400.000 muertes.
Con este objetivo, los fiscales utilizan leyes con las que normalmente persiguen a los traficantes de drogas, según fuentes cercanas a un caso que este martes ha destapado The Wall Street Journal.
Si la investigación cuaja y se presentan cargos criminales podría convertirse en el enjuiciamiento más grande hasta la fecha contra las compañías farmacéuticas por supuestamente haber contribuido a la epidemia de opioides en Estados Unidos, lo que intensificaría aún más los problemas legales de unas empresas que ya enfrentan litigios multimillonarios en tribunales de todo el país.
Los fiscales están examinando si las compañías violaron la Ley Federal de Sustancias Controladas, un estatuto que los fiscales federales han comenzado a usar contra fabricantes y distribuidores de opioides este año.
Al menos seis empresas han dicho, según el Journal, que recibieron citaciones del gran jurado de la oficina del fiscal estadounidense en el Distrito Este de Nueva York: los fabricantes de medicamentos Teva Pharmaceutical Industries, Mallinckrodt PLC, Johnson & Johnson y Amneal Pharmaceuticals, así como los distribuidores AmerisourceBergen Corp. y McKesson Corp.
Un portavoz de Johnson & Johnson citado por el Journal dijo que la compañía entendió que la citación era parte de una investigación más amplia de la industria, si bien la compañía cree que sus políticas y procedimientos para detener el uso de medicamentos opioides para fines no médicos cumplieron con la ley.
Hasta el momento, en respuesta a las demandas de los gobiernos estatales y locales, estas compañías negaron la responsabilidad de la crisis de los opioides. Han dicho que siguen todas las leyes en torno a la fabricación y distribución de analgésicos recetados.
La nueva macro-investigación está en sus primeras etapas y se espera que los fiscales citen a más compañías en los próximos meses.
Según datos del Gobierno, al menos 400.000 personas han muerto en los Estados Unidos por sobredosis de opioides legales e ilegales desde 1999.
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