Un tribunal francés consideró el jueves que la firma certificadora alemana TÜV es responsable civil en el escándalo de los implantes mamarios PIP, al estimar que esa empresa "faltó a sus obligaciones de control y vigilancia".
El tribunal de comercio de Tolón (sur) condenó a la empresa a indemnizar "el perjuicio de los importadores y de las víctimas", según el veredicto leído en la audiencia por el presidente de la instancia.
Esta decisión obliga a TÜV a prever una provisión de fondos de 3.000 euros por víctima hasta que se realicen evaluaciones individuales de cada una de ellas.
Seis distribuidores (un brasileño, un mexicano, un búlgaro, un italiano, un sirio y un rumano) reclaman a la firma alemana 28 millones de euros por daños y perjuicios, en el escándalo de prótesis mamarias fraudulentas de la empresa francesa PIP, que la firma alemana estaba encargada de certificar.
Por su parte, más de 1.600 mujeres portadoras de esas prótesis, entre ellas muchas latinoamericanas, pidieron una indemnización de 16.000 euros cada una.
Es decir, un total de 53 millones de euros.
De la decisión de este juicio civil dependía que fuera designado un responsable que deba indemnizar a las víctimas, dado que los cinco exdirigentes de PIP acusados en el proceso penal, que terminó en mayo pasado en Marsella, no son solventes
Los demandantes estiman que el fraude no se hubiera producido si no hubiese habido fallas reiteradas en las inspecciones realizadas por el gigante alemán del control de calidad.
Durante el juicio, los abogados de los distribuidores de prótesis y de las víctimas denunciaron que, pese a sus "extensos poderes", TUV no verificó nunca los implantes, limitándose a un control de los documentos.
En su fraude perfectamente organizado, PIP logró eludir fácilmente los controles, dado que era advertido con anticipación de las vistas de los controladores.
"Hubiera bastado con examinar una sola de las cientos de miles de prótesis", sostuvo uno de los abogados de los distribuidores, Olivier Aumaitre
Tras el veredicto, Aumaitre estimó que "es un gran momento, un avance para todas las víctimas del mundo entero"
Consideró que se trata de "un veredicto valiente", y que el tribunal consideró que TÜV "no podía contentarse con controlar papeles".
TÜV APELARÁ EL VEREDICTO
A través de su abogada, Cécile Derycke, la firma alemana anunció el jueves su intención de apelar el veredicto. La abogada se declaró escandalizada por la decisión del tribunal y señaló que las indemnizaciones decididas representan "un riesgo importante para la empresa".
"TÜV aplicó estrictamente la reglamentación en vigor", dijo la abogada, argumentando que "es la primera vez en el mundo que se acepta la responsabilidad" de la empresa.
"No somos ni una autoridad de vigilancia ni un fondo de indemnización", añadió, subrayando la "estafa de gran amplitud" de PIP.
Según Aumaitre, los 3.000 euros de provisión permitirán a cada demandante realizar las evaluaciones pedidas (médicas para las portadoras de implantes, contables para los distribuidores.
"TÜV tornó fiables en el mundo entero productos que no lo merecían", resumió Laurent Gaudon, abogado que representa a varias víctimas.
La abogada de TÜV había alegado que lo que dijeron los abogados de la parte adversa es "una bella historia, pero no es la realidad de la reglamentación".
"No era TÜV la que ponía la marca CE en las prótesis", dijo, recalcando que la misión de la firma alemana era controlar el procedimiento de fabricación y no las prótesis.
La fiscalía no había evocado durante el proceso una eventual condena. "Las víctimas deben ser indemnizadas y lo serán.¿Pero es esta la instancia?", planteó el fiscal Nicolas Bessone, aunque señaló al mismo tiempo la falta de curiosidad de TÜV por ese "pequeño cliente".
Mencionó asimismo un nuevo reglamente europeo, inspirado por el caso PIP, que hará que los controles sorpresivos sean obligatorios. "Si esto se necesita es porque podemos reprochar a TÜV no haber cumplido sus obligaciones", agregó.
A principios de mayo, la justicia francesa autorizó a los seis distribuidores demandantes a intervenir a título conservatorio 900.000 euros en las cuentas bancarias de la filial francesa de TÜV, decisión que fue confirmada por un juez de ejecución.
Además de los procedimientos en Francia, 300 argentinas portadoras de prótesis PIP presentaron una demanda judicial colectiva en su país contra PIP y TÜV, reclamando 41 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.
TÜV fue demandada asimismo en Alemania por un organismo de seguridad social, AOK. La firma señala que en otros dos procesos en el país los veredictos le fueron favorables.
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