Los delegados de la Fiscalía y la Procuraduría ante la Corte Suprema de Justicia le solicitaron a esa instancia que revoque la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Barranquilla en la que se reduce a 31 años la condena contra el empresario Samuel Enrique Viñas responsable del asesinato de su exesposa Clarena Acosta.
La solicitud fue sustentada en que el Tribunal Superior de Barranquilla no tuvo en cuenta los agravantes del homicidio, como el hecho de que Clarena Acosta estaba en estado de indefensión ante su exesposo, quien le disparó por detrás de la cabeza mientras estaba recostada sobre una cama.
También argumenta no se tuvo presente el hecho de que el asesinato fue cometido en la misma casa donde estaban los hijos de la pareja, quienes fueron testigos de la discusión previa al asesinato y también escucharon el disparo y vieron el cadáver de su madre ensangrentada sobre la cama.
La defensa de las víctimas del crimen se unió a la solicitud de la Fiscalía y la Procuraduría, argumentando que, por el solo hecho de no estar armada, Clarena Acosta estaba indefensa ante su victimario, lo cual constituye en sí mismo un agravante al asesinato.
El abogado Javier Barrero, defensor de Samuel Viñas señaló al respecto que el empresario no recibió un juicio imparcial de parte del juez de primera instancia quien, según la demanda, habría basado todo el juicio en la teoría de la Fiscalía, con lo que “se limitó a desacreditar a todos los testigos de la defensa, con miras a que acomodaran sus testimonios”.
De hecho, el defensor afirma que hubo un testigo a quien se le realizaron 131 preguntas aclaratorias, “a lo largo de las cuales fue cambiando su testimonio, con el fin de que se terminara pareciendo a la versión de los hechos presentada por la Fiscalía”.
La defensa también resalta que en el momento de asesinar a su exesposa, el empresario se encontraba en un estado de ira y demencia temporal, lo que no permite que se le impute el cargo de homicidio agravado.
La Fiscalía, sin embargo, afirma que “la frialdad con que el procesado cometió el asesinato demuestra que no estaba en estado de demencia temporal”.
La Corte Suprema deberá determinar si mantiene la condena de 31 años impuesta por el Tribunal de Barranquilla o si restablece la pena a 40 años que le había impuesto un juzgado penal de Barranquilla.
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