Sucesos


A la cárcel abogado capturado en exclusivo sector de Montería

Las autoridades lo sindican de pertenecer al Clan del Golfo y de cobrar extorsiones a contratistas.

NIDIA SERRANO M.

21 de octubre de 2020 11:01 AM

El abogado Sergio Andrés Jiménez Burgos, capturado en el edificio Solsticio del exclusivo sector del barrio El Recreo, al norte de Montería, fue enviado a la cárcel nacional Las Mercedes, luego que un juez de control de garantías diera la orden.

De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, el profesional del Derecho está investigado por ser presunto miembro del grupo armado organizado Clan del Golfo y porque estaría cobrando vacunas a varios contratistas de Córdoba a nombre de esa organización.

Como se recordará, el pasado 5 de octubre se realizó un operativo en el que participó la Dijin de Bogotá, miembros de la DEA y funcionarios de la Fiscalía de Medellín, quienes entraron al edificio, donde residía el abogado, utilizando armas largas y todo un despliegue de seguridad que alarmó a los vecinos del sector.

Se estableció además que en el operativo encontraron un maletín con 480 millones de pesos en efectivo, el cual estaba guardado en el cuarto útil del parqueadero que le correspondía a su apartamento, lo que, según las autoridades, sería el producto del cobro que le hacían a los contratistas a los que citaban en ese exclusivo lugar.

La investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, señala que estaría lavando dinero, a través del reporte de actividades económicas relacionadas con el mercado inmobiliario, la compraventa de vehículos, la ganadería y el transporte terrestre.

A Jiménez lo relacionan con Leidy Tatiana Galindo Hernández, alias La Tata, acusada del mismo delito, quien fue capturada en un operativo similar en Bogotá, sindicada de tener vínculos directos con el Clan del Golfo, por medio de alias Boyaco, quien habría sido compañero sentimental de La Tata.

Los procesados no aceptaron los cargos que les endilgó la Fiscalía General de la Nación que fueron concierto para delinquir agravado, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, mientras que la defensa de los capturados apeló la decisión de primera instancia ante los jueces penales del circuito de Montería.