Aníbal Garay, abogado de las familias de dos de los tres jóvenes del corregimiento de Chochó, asesinados al parecer a manos de la Policía Nacional, informó que existen pruebas suficientes para que la Fiscalía ya haya expedido varia órdenes de captura.
Garay asegura que el ente de control se ha demorado en actuar y esto podría ser aprovechado por los implicados para escaparse y entorpecer las investigaciones penales, las cuales buscan esclarecer estos hechos, también observados como un “falso positivo”.
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El abogado dijo que hizo una investigación profunda del caso y conoció de buena fuente una serie de fotos y videos, así como declaraciones de testigos directos, de la llamada “Masacre de La Garita”.
El defensor, al mismo tiempo, dijo que no es cierto que los jóvenes Carlos Ibáñez Mercado, Jesús Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, hayan sido objeto de mutilación de sus extremidades, cómo se ha dicho por algunos medios.
“Alrededor de treinta policías fueron los que maltrataron a estos jóvenes, y sí pudo haber tortura porque al parecer los golearon con cachas de pistolas y le dieron patadas, pero no hay cortes en sus cuerpos, según los médicos legalistas”, explicó.
Según el informe de epicrisis entregado por la Clínica María Reina al defensor de víctimas, Carlos Ibáñez Mercado fue impactado en la región occipital, tórax y antebrazo izquierdo.
Entre tanto, Jesús Díaz Monterroza, estudiante de 18 años de edad, sufrió múltiples disparos; uno en la cabeza, a la altura de región frontal; otro en la cara, cerca de la nariz; uno más en el tórax y tres en el muslo derecho, sin contar el que recibió primero en la rodilla, cuando fue perseguido por patrullas motorizadas.
Los tres jóvenes inicialmente fueron considerados como N.N., pues no tenían sus identificaciones y solo cuando pasaron a Medicina Legal, se dieron sus nombres a los familiares y medios de comunicación.
“Las personas vinculadas en este proceso tendrían que responder, ya sea por acción u omisión, por los delitos de homicidio agravado, secuestro y tortura, lo que sería considerado por un fiscal y avalado por un Juez de la República”, explicó Garay, quien afirma que la Fiscalía no lo ha respetado como representante de víctimas.
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