Al alcalde de Palmito, Alcides Pérez Barrios, le imputaron peculado por apropiación, falsedad en documento público y contratación sin el lleno de los requisitos legales, dentro de las investigaciones por corrupción que le hace la Fiscalía.
Mientras tanto, a Jorge Salazar Urzola, representante de la Fundación Fe y Salud, entidad con la que el mandatario habría suscrito el contratado bajo la lupa del ente fiscalizador, le sumaron falsedad en documento privado, a parte de los delitos citados anteriormente.
Entre tanto, a la coordinadora de la organización Drenis Anaya Herazo, le indilgan peculado por apropiación agravado en calidad de cómplice y falsedad en documento privado, dentro del sonado caso de corrupción.
Y Jennifer Benítez Castillo, secretaria de Gobierno del mencionado municipio y supervisora de los contratos investigados, está siendo señalada como autora de los hechos en la modalidad delito continuado.
Los contratos del convenio en cuestión buscaban beneficiar a un grupo de 60 ancianos para mejorar su calidad de vida y la Fundación Fe y Salud, al parecer, no tenía personal especializado para tales fines.
Según las autoridades los contratos por más de 550 millones no cuentan con soportes de ejecución y la contratación de servicios se hizo de manera verbal y por montos inferiores a los reportados.
Cabe anotar que los mencionados no aceptaron los cargos imputados en su contra en las audiencias preliminares, en donde se conoció que dicha Fundación también contrató con el municipio de Betulia.
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