Con el allanamiento a la casa del exdirector de la Caja de Compensación Familiar en Córdoba, Comfacor, Luis Hoyos Cartagena, la Fiscalía General de la Nación estaría tras la pista de algunos funcionarios de esa entidad que estarían entorpeciendo las investigaciones por los casos de corrupción detectados en la caja y que propiciaron su intervención.
Esa hipótesis se podría deducir de la audiencia en la que pusieron a disposición de las autoridades los documentos y discos duros encontrados en su residencia, ubicada en un exclusivo sector del norte de Montería.
En forma simultánea se hizo también un allanamiento a la casa de José Gregorio García León, más conocido en la ciudad como Papi Mix, en el populoso sector de la Pradera. Este hombre sería una especie de enlace entre Hoyos y los amigos de los fiscales que estarían ofreciendo sus servicios al médico Hoyos Cartagena para aguantar procesos relacionados con malos manejos en la Caja de Compensación de Córdoba, donde hay un millonario déficit, que motivó incluso el cierre de la EPS, tras detectar irregularidades en el manejo de los pacientes.
La Fiscalía aún no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el hecho que ha llamado la atención en esta sección del país, pues el nombre de Hoyos ha venido sonando insistentemente como uno de los presuntos autores de la quiebra de la entidad.
Como se recordará, la Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a los directores administrativos de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor, a Luis Alfonso Hoyos Cartagena y Emiro Darío Márquez Martínez, por presunto uso indebido de los recursos públicos destinados a la atención de pacientes con VIH/SIDA del régimen subsidiado del departamento.
De acuerdo con lo señalado por el órgano disciplinario, los investigados al parecer pagaron facturas de pacientes que no estaban dentro de la base de datos de la caja de compensación, cancelaron a IPS cuentas de usuarios cuyos documentos de identificación no aparecían en la Registraduría, cédulas inexistentes, y cuyos titulares de las cédulas de ciudadanía estaban muertos o con suspensión de derechos políticos.
También reprochó que Comfacor haya pagado presuntos sobrecostos, por más de 12 mil millones de pesos, por complicaciones asociadas a VIH/SIDA, que estarían relacionadas con incumplimiento en las guías de atención a pacientes con ese diagnóstico.
Los hallazgos fueron entregados a la Fiscalía para que se iniciara el proceso correspondiente, pero este no había logrado avanzar, al parecer por influencias en el interior del ente acusador.
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