Sucesos


Barranquilla: autoridades y conductores de buses se unen contra delincuencia

Después de un día y medio de protestas por parte de los conductores de las empresas Sobusa y Coochofal, las autoridades lograron reunirse con algunas de ellas y concertar algunas medidas que les sirvan de protección y de seguridad, después de los asesinatos de dos profesionales del volante, presuntamente por extorsionistas, según lo dejaron ver miembros del gobierno distrital.
En la reunión que se realizó este miércoles se hicieron presentes representantes de los conductores, los gerentes de las empresas Sobusa, Coolitoral y Lolaya, las autoridades distritales, departamentales y la Policía Metropolitana. Allí se acordaron un conjunto de estrategias para fortalecer un frente unificado de acción y de cooperación contra las actividades delincuenciales que están afectando el funcionamiento del servicio público de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Barranquilla y en Soledad.
El alcalde distrital (e), Raúl Lacouture, señaló que “no vamos a descansar un minuto hasta garantizar toda la seguridad que requieren los conductores y el servicio de transporte, lo mismo que todos los ciudadanos, y por eso estamos solicitando, insistentemente, al Gobierno Nacional, apoyo irrestricto para combatir a las organizaciones criminales que le están haciendo daño a Barranquilla y a las demás ciudades del país”.         
En su turno,  el consejero para la Seguridad y Convivencia, Guillermo Polo, afirmó que “estamos solicitándole a la Fiscalía aumentar el número de fiscales especializados en Barranquilla, con los cuales se podrían conformar grupos de policía judicial para combatir la extorsión y las bandas criminales, lo mismo que al Gobierno Nacional entregarle a los organismos de Justicia las herramientas para garantizar su oportuna y eficaz acción contra el crimen organizado”.
La reunión, que contó con la participación del gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre; el alcalde distrital (e), Raúl Lacouture; el consejero para la Seguridad y Convivencia, Guillermo Polo; el director del Fondo de Seguridad, Jorge Ávila; los secretarios de Gobierno de Barranquilla y Soledad, el gerente del Área Metropolitana, Ricardo Restrepo, y el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general José Vicente Segura, entre otros funcionarios, ratificó que las medidas adoptadas tienen el objetivo de garantizar la prestación del servicio, la protección de los usuarios y la seguridad de los trabajadores de las empresas.

Entre los puntos acordados se destacan los siguientes:
1-Fortalecer los servicios de inteligencia, de control operativo y de reacción, a cargo de la Policía  Nacional.
2- Actividades de colaboración y suministro de información, a cargo de los organismos de seguridad interna, de los trabajadores y de los empresarios del transporte de pasajeros,  para nutrir y mejorar el accionar de la fuerza pública en los corredores críticos de Barranquilla y Soledad.
3-El Distrito, a través del consejero para la Seguridad y Convivencia, Guillermo Polo, hará acompañamiento especial a las empresas de transporte urbano para agilizar el programa de instalación y funcionamiento de cámaras en los buses, con reuniones con la consejería presidencial para la Seguridad y el Ministerio de Transporte, la primera de las cuales se realizará este jueves 13 de junio en Bogotá.
4- Garantizar el derecho a la protesta de los afectados, en condiciones de seguridad, dentro del respeto a las disposiciones legales, haciendo un llamado a que estas manifestaciones no afecten el derecho de todos los ciudadanos a movilizarse de manera libre, oportuna  y sin obstáculos.
5- Organizar un grupo permanente de trabajo, coordinado técnicamente por la autoridad metropolitana y conformado por las autoridades civiles y de policía de Barranquilla y Soledad, por los gerentes, jefes de ruta, jefes de seguridad y por representantes de los trabajadores, para que ejerzan funciones de diseño, observación, coordinación, comunicación, coordinación y seguimiento de los planes y programas orientados a garantizar la seguridad de las personas que hacen uso y prestan el servicio público de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Barranquilla.

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