El gerente del Banco Agrario del municipio de Santa Rosa del Sur, Edward Alonso Vega, está entre los ocho capturados señalados de pertenecer presuntamente a una red ilegal dedicada a arrasar con los recursos naturales en inmediaciones de las ciénagas El Popal y Simití, en el Sur de Bolívar, para avanzar en la agresiva extracción de oro.
La Fiscalía confirmó que desmanteló esta banda, conocida como ‘los Tierreros’, en una acción coordinada con la Policía Nacional. “El material probatorio da cuenta de que esta organización sacaba entre 400 y 500 gramos de mineral semanalmente y los trasladaba a una comercializadora en Santa Rosa del Sur”, dice el ente acusador.
Para tratar de ocultar el verdadero origen de la producción y respaldar la venta, agrega la Fiscalía, recurrían a diferentes maniobras.
“En algunos casos, al parecer, contactaban barequeros en diferentes regiones del país y les pagaban cerca de $120.000 para que les permitieran usar sus documentos y autorizaciones para explotar yacimientos mineros. De esta manera, a nombre de otras personas y con una aparente fachada de legalidad, continuaban con la actividad criminal”, señala la Fiscalía.
Por esos hechos, ocho personas fueron capturadas, entre ellas, Leonidas Navarrete Palacios, señalado como el principal articulador del andamiaje ilícito; y su hijo Pedro Navarrete. Edward Alonso Vega presuntamente aportaba dinero para la compra de maquinaria pesada y financiar el funcionamiento de los entables mineros.
Durante las diligencias judiciales realizadas simultáneamente en San Pablo, Santa Rosa y Simití, también en el Sur de Bolívar, fueron incautados seis computadores, 2.230 sobres con datos de registro de barequeros, siete celulares y 21 libros contables.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimientos, invasión de área de especial importancia ecológica, explotación ilícita de yacimientos mineros y receptación.
“Ante la contundencia de los elementos presentados, los procesados aceptaron cargos. Un juez de Control de Garantías les impuso medidas no privativas de la libertad con múltiples restricciones y compromisos como no retornar a los territorios afectados por la minería ilegal que ejercieron, poner a disposición de las autoridades administrativas la maquinaria pesada, cumplir jornadas de reforestación en las áreas aledañas a las ciénagas golpeadas por la extracción de oro y atender las citaciones judiciales”, dice la Fiscalía.
La Policía del Magdalena Medio dice que en la operación fue intervenida una mina conocida como El Nogal, en la vereda los Caguises, zona rural del municipio de Simití, y las órdenes de registro y allanamiento se realizaron en las veredas San Luis y Las Ahuyamas, y en las zonas urbanas de San Pablo y Santa Rosa.
“Es importante señalar que los capturados utilizaban establecimientos comerciales y públicos (compraventas, asociaciones mineras artesanales locales, Banco Agrario, Alcaldía de Santa Rosa del Sur) para adelantar los trámites de legalización”, dice la Policía del Magdalena Medio.
De las ocho personas capturadas en el operativo, dos tienen anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego y explotación Ilícita de yacimiento minero y otros materiales.
La Policía dice que este año ha capturado a 25 personas por delitos de minería ilegal.
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