Condenan a 10 años exalcalde de Tierralta por sus nexos con paramilitares

21 de enero de 2020 01:16 PM
Condenan a 10 años exalcalde de Tierralta por sus nexos con paramilitares
Aníbal Antonio Ortiz Naranjo.

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Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, quien fue el alcalde de Tierralta (Córdoba) entre 2008 y 2011, fue condenado por el Juzgado quinto penal de Bogotá tras ser hallado culpable de concierto para delinquir, cargo relacionado con sus nexos con paramilitares. Por cuenta de esta providencia, el exmandatario pagará una pena de 10 años y seis meses de prisión y una multa que asciende a 9.525 salarios.

En el proceso en contra del exfuncionario fue clave la declaración de uno de los máximos jefes paramilitares, Salvatore Mancuso, que señaló cómo en una reunión que se realizó a comienzo de siglo en el corregimiento Nueva Granada, del mismo municipio, a la que bautizaron como ‘Granadazo’.

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Dicho encuentro fue organizado por los paras que dominaban la región y fueron los encargados de convocar a los líderes políticos para escoger sus cartas a los cargos de elección popular. Advierte la sentencia que se escogieron los candidatos para las tres votaciones siguientes, por lo que fueron escogidos Sigifredo Senior Sotomayor, Humberto Santos Negrete Fajardo y Aníbal Antonio Ortiz Naranjo.

En efecto, Senior Sotomayor estuvo en el periodo 2001 – 2003, Santos Negrete entre 2004 y 2007, y Ortiz hasta 2011, como ya se mencionó.

Llama la atención el juez en el hecho de que “para las últimas elecciones el grupo paramilitar, cuando resultó electo el acusado Ortíz Naranjo, se encontraba en proceso de desmovilización, incluso, algunos líderes y comandantes paramilitares privados de la libertad, precisó el señor Mancuso Gómez que desde aquella reunión denominada ‘El Granadazo’, en marzo de 2000, ya la población había recibido la ‘recomendación’ de apoyar a esos candidatos, tal y como en últimas se verificó”.

La decisión también contempla que el condenado no podrá purgar su pena bajo el beneficio de la detención domiciliaria, por lo que fue librada una boleta de captura en su contra para que las autoridades la ejecuten.

La providencia también deja claro que la conducta del entonces candidato “fue ejecutada de manera consciente y voluntaria, esto es, con dolo, pues por su condición sabía y conocía el ilícito proceder cuando decidió cohonestar con las pretensiones de las Autodefensas Unidas de Colombia, para lo cual efectuaron clandestinas y subrepticias reuniones”.

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