Un oficial retirado de la Policía Nacional conocido como alias ‘La R’ o ‘Rubio’ sería el cabecilla de una red de narcotraficantes involucrada en el envío de toneladas de cocaína desde Cartagena y otras ciudades del Caribe colombiano hacia Centroamérica y Europa.
Desde Cartagena, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, confirmó que en el megaoperativo fueron capturados 15 de los presuntos articuladores principales de esa red en diligencias realizadas en esta ciudad, Riohacha (La Guajira) y Chipatá (Santander). En los procedimientos se incautaron más de 600 millones de pesos. Le puede interesar: A la cárcel por transportar 311 kilos de marihuana en camión, en Policarpa
“Estas personas, al parecer, obtenían la cocaína en laboratorios en Nariño, Cauca y Magdalena. Posteriormente, la transportaban a Cartagena y coordinaban la salida entre contenedores a puertos del Reino Unido, Francia, España, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana y otros destinos del Caribe”, indicó Barbosa Delgado.
Las investigaciones señalan que la estructura narcotraficante usaba la modalidad de ‘trepadores’ o ‘micos’, hombres que subían a las embarcaciones en altamar y camuflaban los cargamentos. “De igual manera, se detectó que recurría a empresas exportadoras para mezclar el estupefaciente con mercancía, y tratar de evitar el perfilamiento en los puertos”, dijo el fiscal. Lea también: Policía de Cartagena saca de circulación 336 kilos de marihuana
Otros capturados son: alias ‘Fresa’, uno de los presuntos financiadores; y ‘Barbas’, ‘Mañe’, ‘Precintos’, ‘Gafitas’, ‘Bodeguero’, ‘El Papi’, ‘Jorge’, ‘Afra’ y ‘Ferna’, que estarían involucrados en el acopio, camuflaje y logística.
En el curso de la investigación a esta estructura criminal le han sido incautadas algo más de siete toneladas y media de cocaína en 12 procedimientos, cuyo costo supera el billón de pesos. Asimismo, se les ha detectado alrededor de 2.000 millones de pesos en efectivo.
Simultáneamente al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre 54 bienes, avaluados en 14.000 millones de pesos.
