La noticia de una orden de captura en su contra fue como un ‘baldado de agua fría’ para Manuel Vicente Duque, exalcalde de Cartagena. Esta vez, la Fiscalía lo buscaba por unas presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el 2016.
“Muy triste lo que está sucediendo con Manuel Vicente, estuvo un año a disposición de la Fiscalía y no se le imputó ningún otro cargo siendo que la investigación cursa en la misma Fiscalía. Deja la sensación que el derecho se aplica -diría yo- de forma insensata”, indicó Juan Carlos Cabarcas, abogado defensor de Duque Vásquez.
Para la defensa, que acompañó al señalado hasta la Fiscalía en Crespo, se adelantó toda una gestión para nuevamente encarcelarlo. “Manuel Vicente recupera la libertad el 9 de agosto, al día siguiente le comuniqué a la Fiscalía su domicilio y que estaba a disposición total. Pero nuevamente selecciona el procedimiento de restringirle la libertad ante un juez. Nos toma por sorpresa la conducta procesal de la Fiscalía porque nunca esquivamos la atención del proceso, hemos ido a todas las diligencias. En cuanto supo, en la mañana, de su orden de captura, la ruta fue enfrentar el proceso”, dijo el abogado.
En las irregularidades investigadas por la Fiscalía se involucran más personas, entre ellas el exsecretario de Educación Distrital, Germán Sierra Anaya; la supervisora de la Alcaldía que labora en la Secretaría de Educación, Mayiris Gómez Ballestas; la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo; la representante legal del Consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado Santoya y David Reynaldo Camacho Benítez, todos fueron capturados.
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que en el primer contrato realizado por la administración distrital en abril de 2016, la Alcaldía de manera irregular incurrió en omisiones que afectaron principios como la transparencia y selección objetiva de las empresas a contratar, esenciales para la contratación pública.
Estas serían el resultado de las irregularidades reveladas por la Contraloría General de la Nación en 2017, cuando denunció que el operador del programa, Proescolares 2016, facturó al Distrito pechugas a $40 mil y una compra de canela por $39 millones; además de 2 millones 500 mil panes.
Según indagaciones, las empresas se contrataron de manera directa después de declararse la urgencia manifiesta, argumentando que el Ministerio de Educación no entregó los recursos a tiempo. El primer contrato se suscribió con la Fundación Redcom, de Pasto (Nariño), por $8.427.924.090.
El segundo se celebró el 5 de agosto del mismo año, en la modalidad de licitación pública, con el Consorcio Proescolares 2016 por $15.831.468.135.
Luego se hizo una adición presupuestal el 29 de diciembre de 2016 para el PAE 2017, suscribiendo un otrosí al contrato, por $7.886.489.492, para $23.717.957.627.
“Esto a sabiendas de que se debió iniciar otro proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública, y así escoger el operador del PAE del año siguiente”, indicó el ente investigador en un informe.
El mismo informe de la Fiscalía resalta que el material recolectado deja ver que durante la ejecución del contrato, al parecer, se adquirieron más productos a los realmente entregados. Aquí señala que se compraron 2.736.225 unidades de pan, pero se dieron 1.024.956; dejando 1.711.629 unidades que crearon un detrimento contractual de $667.869.989, según las investigaciones.
Lo peor es que se detalla que se compraron insumos que no fueron entregados, caso que se ilustra con la compra de canela por $39.845.000.
“Algunos productos se referenciaron dos veces en la misma factura, por lo que los costos en este caso fueron $61.769.840. Al respecto, se pudo precisar que el detrimento total por este último es de $766.609.829 para un contrato de urgencia manifiesta”, resaltó el ente.
Mientras que para el segundo contrato, el del otrosí, la adición representó el 49,62 % del valor inicial, al parecer, con el pretexto de garantizar la continuidad del programa.
Además se habrían realizado compras en diciembre de 2016 por $3.873.368.000, pese a que los estudiantes en ese entonces estaban en vacaciones.
Más hallazgos serían de compras de carne en octubre, con precios superiores al valor del mercado. Los sobreprecios serían de $537.386.328, como los sonados kilos de pechuga de pollo a $40 mil. Lo que causó un detrimento económico por $4.410.754.328 en la ejecución de este contrato.
Se espera que en las audiencias que se realizarán hoy en el complejo judicial la Fiscalía revele parte del material probatorio que destaparía la ‘olla podrida’ en las contrataciones y ejecuciones del PAE en la ciudad.
Al exalcalde le imputarán prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado, en calidad de coautor a título de dolo. Al exsecretario se le imputarán los delitos anteriores, sumando falsedad ideológica en documento público, y delitos en calidad de autor y a título de dolo.
Camacho tendrá que responder por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y en documento privado, y coautor a título de dolo de falsedad ideológica en documento privado. Gladis Muñoz será procesada por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público en calidad de coautora interviniente a título de dolo para todos los delitos. A Sandra Mercado le imputarán contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en calidad de coautora e interviniente a título de dolo en todos los delitos y coautora en falsedad ideológica en documento privado. Y a Mayiris se le imputarán contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado a favor de terceros.
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