Cartagena está entre las ciudades del país que iban a ser “inundadas” con licor adulterado en tabernas, bares y discotecas por parte de una banda delincuencial que se hacía llamar ‘Cristales’.
La Fiscalía General de la Nación logró desarticular esa red gracias a una operación de inteligencia que incluyó interceptaciones telefónicas. Fueron capturadas nueve personas y se incautaron de más de 80 toneladas de insumos, maquinaria y productos terminados.
“Con ocasión de la apertura gradual de establecimientos nocturnos por la pandemia del COVID-19, la organización habría aumentado su producción ilegal. Mezclas de sustancias peligrosas eran vendidas como aguardiente, whisky y vino”, señala la Fiscalía.
En las comunicaciones obtenidas por la entidad, algunos supuestos integrantes de la red ilegal mantenían contactos con diferentes distribuidores en el país.
“Hay casos de un hombre que habría manifestado su intención de ‘inundar’ las tabernas, bares y discotecas de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta con el licor adulterado”, señala el ente acusador.
En el curso de la investigación, la Fiscalía detectó varias bodegas y centros de acopio de elementos reciclados, donde lavaban las botellas y recuperaban los mecanismos de identificación de los licores para ser adheridos nuevamente.
“Asimismo, se estableció que ‘Cristales’ tenía a su servicio lugares y maquinaria para hacer etiquetas, sellos, empaques, tapas y dosificadores con la finalidad de imitar la presentación de un producto original. Con la apariencia aguardiente, whisky, vino, champaña y aperitivos, las bebidas falsas salían al mercado”, dice el reporte oficial.
Entre los investigados están los hermanos Carlos Fabián y William León Díaz, supuestos articuladores de toda la actividad ilegal. Los otros vinculados son: Elisabeth Romero Rincón, César Augusto Marulanda Gutiérrez, estaría involucrado en las actividades de reciclaje, Omar Martínez Bonilla, Carlos Arturo Guerrero Valenzuela, Yeison Iván Tangarife Ayala, Willinton Antonio Ayala Gómez, Pablo Andrés Rivera Guzmán.
Los cargos fueron aceptados por siete de los procesados. A todos ellos les imputaron los delitos de corrupción de alimentos, usurpación de derechos de propiedad industrial; ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y concierto para delinquir.
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