Sucre también escribe un nuevo capítulo sobre ejecuciones extrajudiciales. Esta vez se trata de once jóvenes presentados por el Ejército como subversivos muertos en combate hace más de dos años en la población de Toluviejo, Sucre, un caso similar al sucedido en Soacha, Cundinamarca, y que destapó el escándalo de los llamados “falsos positivos”. Las víctimas mortales fueron reconocidas como Carlos Alberto Baleta Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado, Luis Fernando Mejía Vides, Frank Arley Padilla Bandera, John Jairo Colón Ayala, Deiber Hoyos Rodríguez, Cristian Vergara Osuna, Miguel Jiménez Chamorro, Julio Rafael Olivero, Bernardo Patrón Viloria y Edwin David Paternina Parra. El hecho, investigado por la Fiscalía General de la Nación, es para el abogado de las víctimas Germán Romero la prueba del “modus operandi” que algunos integrantes de la Fuerza Pública utilizaban para conseguir reconocimientos militares. “Este caso es similar al de Soacha. Lo grave es que a partir de las declaraciones de los civiles vinculados con algunos uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega de Sucre, hay actos adicionales como el presunto de uno reclutadores”, sostuvo Romero. El jurista reveló que miembros del Gaula y del batallón de Infantería de Marina con sede en Sucre hicieron parte del complot. Por eso, el abogado envió un mensaje al Gobierno para que los comandantes sean investigados: “que el Gobierno haga un control interno como se hizo en el caso de Soacha, porque ningún oficial a sido removido de su cargo”. No obstante, dos suboficiales y dos oficiales están siendo investigados en este caso. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía revela en un documento fechado el siete de julio de 2007, que once jóvenes de escasos recursos desaparecieron de Toluviejo, luego que cinco personas (los posibles reclutadores) les ofrecieran trabajo en fincas. Para la Fiscalía, los lugareños fueron engañados para ser asesinados y presentados como resultados de combates entre grupos ilegales y la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre. Para la Fiscalía, uno de los reclutadores responde al nombre de Dionisio Ramos Castillo, oriundo de Sincelejo, Sucre, y quien es conocido con el alias de “Joselito Carnaval” y quien durante su indagatoria aseguró que conoció a los muchachos. CASTIGO EJEMPLAR Las familias de las víctimas hicieron una petición al Gobierno y a las Fuerzas militares para que los responsables sean castigados. “La petición al Gobierno es que así como hay claridad en todo el caso pedimos trasparencia de las Fuerzas Militares y nos respondan por los hechos, se muestre la verdad sobre la participación de militares en estas ejecuciones extrajudiciales”, dijo uno de los familiares de los jóvenes asesinados. De la misma forma pidieron que la reparación sea moral más que económica por “el daño tan grande que le hicieron a la población de Toluviejo que en realidad es muy pequeña y nos asesinaron a once jóvenes”. Los familiares destacaron el esfuerzo de la Fiscalía a través del fiscal 36 de Derechos Humanos de Medellín. EL ENGAÑO La estrategia de los reclutadores consistía en buscar a jóvenes de escasos recursos a quienes les ofrecían gruesas sumas de dinero por trabajar en actividades agrícolas en varias fincas de la región. Luego los invitaban a tomar unos tragos. Posteriormente, llegaba una camioneta con vidrios polarizados y después de las seis de la tarde, de acuerdo con el documento de la Fiscalía, “el teniente Guzmán y el sargento Caicedo que pertenecían a la Brigada 17 Urabá del Ejército, se llevaron a muchos muchachos”.
Sucesos
Sucre también, con capítulo de ejecuciones extrajudiciales
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