Sucesos


Tres presuntos abusadores sexuales fueron asegurados en Cartagena

EL UNIVERSAL

17 de agosto de 2016 11:19 AM

En una operación, que involucra varias investigaciones, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a José Antonio Chávez Nieto, Jonathan Zuluaga Payares, Edilberto Díaz Cuadrado y Guido Miguel Caicedo. De acuerdo con el trabajo de la Fiscalía Seccional Bolívar, estos hombres serían responsables de los delitos de acto sexual violento, acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir y demanda de explotación sexual comercial agravada.

En el primer caso, una de las víctimas señaló que José Antonio Chavez Nieto forzó la ventana de la sala de su casa, a las 2:30 de la mañana, para entrar y cuando lo logró la violó.

Los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 2013. En las pruebas que se recolectaron aseguraron que el hombre ingresó a la vivienda, se fue hasta el último cuarto donde dormía la víctima y la amenazó con un cuchillo. La afectada contó que José le dijo que si gritaba mataba a otra niña que había en el cuarto y la atacó sexualmente.

El padre de la víctima narró que el agresor huyó de nuevo por la ventana y la menor empezó a gritar y a llamarlo. De inmediato salió a ver lo que pasaba, pero no lo alcanzó. La Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal violento.

 

El enfermero

Otro de los capturados es Jonathan Zuluaga Payares, quien se desempeña como enfermero en el establecimiento de Sanidad Miliar de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Fue capturado por el delito de acto sexual con incapaz de resistir violento agravado.

Una joven, aspirante a cadete, denunció que a comienzos de año Zuluaga Payares abusó de ella mientras se recuperaba en la enfermería del lugar. Según su relato,  acudió porque tenía un dolor en una rodilla, náuseas y dolor de cabeza, así que la dejaron en una camilla y le pusieron suero con un medicamento que le produjo somnolencia. Al rato, un enfermero pasó y le cambió el suero.

A medianoche, mientras ella dormía, volvió el enfermero. Ella sintió su presencia y despertó, pero no abrió los ojos; aunque sí sintió que el revisó el suero y el catéter en su brazo. Luego, usó la mano de la enferma para masturbarse.

La víctima, asustada, se levantó, fue al baño y se volvió a acostar. A la mañana siguiente, una compañera suya denunció el hecho.

El celador

Edilberto Díaz Cuadrado era vigilante de una institución educativa cuando sucedieron los hechos. Fue detenido por el delito de demanda de explotación sexual comercial agravada.

La abuela de una de las víctimas denunció que en agosto de 2014, Díaz Cuadrado, le pagaba a una alumna de la institución para que le llevara niñas para él tocarlas y manosearlas. Al parecer, el hombre a cambio de que las niñas accedieran les daba dulces y dinero.

Las denuncias venían de tiempo antes, pues la madre de otra estudiante acudió a las autoridades en julio de 2014 y aseguró que se dio cuenta, por medio de una amiga, de que Díaz Cuadrado le ofreció dinero y dulces su hija, a cambio de dejarse tocar. En ese momento, la joven no accedió y lo insultó.

La mujer advirtió que no dijo que no dijo nada antes porque le tenía miedo al hombre "porque tenía cara de matón". La misma señora les contó a los investigadores que su hija le indicó que el detenido tocó a dos de sus compañeras.

Con el aumento de denuncias de las niñas dentro del colegio, Díaz Cuadrado cambió de lugar de trabajo, en donde lo capturaron los funcionarios del CTI. En su contra se adelantan actualmente tres investigaciones más por hechos con niñas dentro del mismo plantel educativo.

Hospedaje de turistas

Siete denuncias tiene Guido Miguel Caicedo por el delito de demanda de explotación sexual agravada. El hombre, de 60 años, fue capturado en el corregimiento de La Boquilla.

Una madre denunció que su hijo le contó que el hombre lo acosaba sexualmente. Al parecer, Guido tiene una casa cerca a la playa donde arrienda habitaciones por horas a turistas a bajo costo y les ofrece a los clientes servicios sexuales de menores de edad entre los 8 y los 13 años. Se investiga si a los menores les han dado a consumir alucinógenos.

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