La primera fase de la operación Vesta fue un golpe fuerte a las redes del proxenetismo y la explotación sexual de menores de edad en Cartagena. Pero las autoridades y los distintos actores sociales y gremios están comprometidos y aúnan esfuerzos para acabar con esta problemática, enquistada en sectores representativos de la ciudad como el Centro Histórico.
Prueba de ello fue la reunión que se hizo ayer en el Centro de Convenciones, en la que el fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira se reunió con miembros de la industria hotelera para acordar acciones que permitan proteger a los niños, niñas y adolescentes. A esta cita también asistieron el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y la alcaldesa (e) Yolanda Wong.
“Vamos a trabajar en mesas técnicas donde se prioricen aspectos preventivos, a los cuales se vincularían las secretarías de Educación de Bolívar y Cartagena. En esas mesas vamos a buscar alternativas de reincorporación a la actividad económica y social de víctimas. De un tratamiento psicosocial de estas como parte de la intervención de la Fiscalía.
“En la fase siguiente de Vesta vamos a judicializar a todas aquellas personas que demandan servicios sexuales de menores de edad. Vamos a continuar procesos de extinción de dominio de todos los establecimientos, locales o residencias que se presten para actividades ilícitas de carácter sexual, que vienen afectando a la ciudad en relación con sus niñas y adolescentes”, manifestó Martínez.
Todos los actores del delito deben responder
Y las acciones de la Fiscalía van dirigidas a todos los actores que influyen en los delitos sexuales contra menores de edad, pues el fiscal puntualizó que todos los inmuebles o vehículos que sean utilizados para cometer delitos sexuales contra menores quedarán sujetos a procesos de extinción de dominio. Ello incluye a carros o los yates que son utilizados para realizar este tipo de actividades sexuales ilícitas en la zona insular de la ciudad.
“Hemos advertido que algunos administradores prestarían esas residencias, esas casas para que allí se desarrollen actividades ilícitas de esta naturaleza en ausencia de los propietarios de esos inmuebles. También hemos venido advirtiendo que algunos lugares y condominios, edificaciones en esta zona del Centro o en Getsemaní, o en la salida hacia Barranquilla, son arrendados los inmuebles y personas inescrupulosas que actúan como arrendatarios de los mismos, los utilizan para realizar actividades ilícitas de naturaleza sexual.
“Eso los expone desde el punto de vista de extinción de dominio de estos inmuebles”, explicó el fiscal General.
El alto funcionario fue enfático en decir que la explotación sexual de menores de edad se da porque hay personas que demandan esta actividad ilícita.
“Esta demanda es de turistas nacionales y extranjeros que buscan prestación de servicios sexuales de adolescentes y de niñas, y esto está catalogado como delito en Colombia, que da pena hasta de 37 años y medio de prisión. Y por eso vamos a judicializar a todos aquellos que cometen esta clase de delitos en calidad de turistas, sean extranjeros o nacionales.
“Por eso es que hemos pedido en extradición a cuatro extranjeros que cometieron delitos de esta naturaleza. Vamos a priorizar la judicialización de los demandantes sexuales de niños, niñas y adolescentes”, dijo.
Cuando se le preguntó al funcionario sobre la relación de algunos famosos con alias ‘la Madame’, procesada por inducción a la prostitución y trata de personas, y quien fue una de las capturadas en la primera fase de la operaciónVesta, Martínez Neira señaló que tienen información que hace parte de la reserva de la investigación y que en los allanamientos que se han hecho han recolectado información que va a permitir a la Fiscalía seguir con actividades de judicialización.
Especificó que han tenido acceso a información hallada en celulares que será valiosa para el proceso contra las redes de proxenetas.
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