El Estado olvidó que los metió presos por error

05 de enero de 2020 12:00 AM
El Estado olvidó que los metió presos por error
Erasmo Rafael Tapias y su esposa Dolores, quien lo ayudó a salir de la cárcel tras ser detenido arbitrariamente. //Cortesía: Dejusticia.

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“Era la una de la mañana del 26 de septiembre del año 2003, cuando se escucharon el tropel y los golpes del patio. Como 40 tipos del CTI, la Fiscalía y el Ejército entraron apuntándole con las armas a mi esposa, a los niños, a mis nietos. Me sacaron de mi casa. Me humillaron en el piso. Eran más de 200 por todo el barrio.

- Usted es Erasmo Tapias- gritaba uno de los soldados.

- Sí, soy yo.

- Es mejor que vaya buscando un abogado.

- ¿Por qué, si yo no he hecho nada? Y, además, yo de dónde plata para un abogado.

- Móntese al carro mejor.

- ¿Pero cómo me monto? ¿No ve que difícilmente puedo caminar?”.

Al campesino lo acusaron falsamente de ser guerrillero, de ser “quemador” de carros, de interceptar vehículos en las vías aledañas. Pero él tenía una lesión en la espalda que ni siquiera lo dejaba caminar bien o salir de su casa en El Carmen de Bolívar. Aún así, los uniformados esa madrugada se lo llevaron en un camión con otros detenidos, y estuvo 26 días preso en la Cárcel de Ternera. Era inocente. Su esposa, doña Dolores, debió recolectar 200 firmas de vecinos y vender algunos enseres para pagar un abogado.

Para cuando pudo recuperar su libertad, el rostro de Erasmo ya había aparecido en periódicos y noticieros, expuesto al escarnio público, como si fuera delincuente, una ‘mancha’ que aún 17 años después de aquel suceso no se borra del todo.

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No eran guerrilleros y fueron tratados como tal. Los detuvieron, los esposaron, los humillaron, los injuriaron, a ellos y a sus familias, porque alguien, un ‘informante’, los acusó falsamente, son las historias de 19 personas capturadas arbitrariamente en El Carmen de Bolívar, en distintos operativos de miembros de la fuerza pública entre 1999 y 2005, a quienes la vida, muchas de ellas ya marcadas cruelmente por la violencia, les cambió. Como al mismo Erasmo Rafael Tapias Pérez (hoy de 76 años), que se dedicaba a vender ganado y que terminó preso injustamente. Parte de su testimonio, con el que comienza este texto, aparece en el libro ‘Que nos llamen inocentes’. No puede haber título más contundente para este libro de que recoge 19 historias similares, publicado en el año 2019 por Dejusticia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

No puede haber título más preciso, más necesario pero, sobre todo, más justo. Contiene 19 “Testimonios de detenciones arbitrarias desde El Carmen de Bolívar”. ¿Cómo les cambió la vida a ellos y sus familias, con el estigma de pertenecer al grupo armado ilegal del que incluso fueron víctimas? ¿Cómo siguen esperando justicia?... Son historias que siguen escribiéndose.

Un lucha continúa

Cuando por fin salió de la cárcel, un lugar donde nunca había estado, a Erasmo no le entregaron algún documento que acreditara su detención. No hubo la llamada ‘boleta de libertad’, que le dan a cualquier persona que pisa alguna penitenciaria colombiana. Lo mismo sucedió en aquel entonces con varios de los otros detenidos arbitrariamente por el Estado colombiano en El Carmen de Bolívar. Entre ellos: Germán Adolfo Pérez Meléndez, 18 días preso; Manuel Francisco Fernández Cerpa, 75 días preso; y Edwin Enrique de Ávila Ospino 127 días preso; por mencionar algunos inocentes detenidos.

“Durante los últimos meses hemos acudido a la institución (al Inpec) para solicitar la certificación del tiempo de detención, la fecha de inicio de la reclusión, la fecha en que recuperamos efectivamente la libertad, las secciones del establecimiento en donde estuvimos recluidos y la autoridad que ordenó la detención”.

Eso se lee en una acción de tutela, presentada hace poco en conjunto por 13 víctimas de estas detenciones arbitrarias, ante un juzgado de Bogotá. Otros de ellos es Felipe Santiago Caballero Escorcia, detenido 198 días, más de seis meses, también acusado falsamente de ser guerrillero. “Yo no entendía por qué me habían capturado y a veces me ponía a llorar”, se lee en uno de los apartes del libro ‘Que nos llamen inocentes’.

“Cada uno de nosotros fue detenido, conducido a un centro de reclusión del Inpec y posteriormente puesto en libertad”, dice esa misma acción de tutela. Sin embargo, el instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, donde estuvo la mayoría, no reconocen o no tienen archivos de tales detenciones. “La respuesta de la institución en todos los casos y frente a todos nosotros ha sido que no cuentan con registro alguno de nuestra detención y que, por lo tanto, no pueden emitir la certificación solicitada”, dice la tutela. Piden que no se les violen sus derechos de acceso a información pública, petición, a la verdad y a no ser sometidos a desaparición forzada.

Esto último, “por cuanto la negativa continua a reconocer la privación de la libertad materializa uno de los elementos de la desaparición forzada e implica una violación de los deberes de prevención y reparación asociados al derecho. No obstante, dadas las características especiales de la violación a derechos humanos que sufrieron, consistente en una privación de la libertad que como mínimo es arbitraria pero que tiene todas las características de una desaparición forzada, ellos no han podido acceder al documento público que solicitan”, se anota en el mismo documento, que está acompañado de las respectivas pruebas.

Pese a la humillación, a que fueron detenidos, a que en su momento aparecieron en la prensa reseñados como guerrilleros, a que fueron llevados a la cárcel de Ternera, en una anterior respuesta el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena habría afirmado que ninguna de las personas estuvo detenida allí.

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“En qué cabeza le cabía a ellos, que si a nosotros la guerrilla nos había quitado (matado) a un hijo, que murió por una mina antipersona, él (Erasmo) iba a ser y que colaborador. Era una cosa imposible”, recuerda ahora doña Dolores sobre el caso de su esposo Erasmo.

Aún siente rabia por lo que pasó y porque hasta el sol de hoy no hay un reconocimiento oficial de la detención arbitraria de la que fue víctima su esposo y otros habitantes de El Carmen de Bolívar. “Tengo todos los papeles de la Fiscalía y una especie de credencial de la Fiscalía donde aparecen todos ellos, la mandé a laminar”, sostiene y agrega que: “Fuimos a Sincelejo a sacar un papel en la Policía y todavía le aparece una demanda (antecedente judicial) y ni con todo eso, dicen que nunca estuvo detenido”.

“Hay que seguir adelante porque nosotros tenemos que reclamar nuestros derechos también y que se limpie la imagen de todos, para mí no es tanto la plata, sino que se haga una cosa (algún acto) y que el Gobierno desmienta lo que pasó, eso no es tan fácil de olvidar, todavía hay gente que dice: ‘Por algo se lo llevaron’. El daño grande que le hacen a uno, a la familia, lo vivimos en carne propia, y lo estamos sufriendo todavía, el Gobierno se ha hecho el de la oreja sorda, para eso era el libro, para que la comunidad sepa por dónde pasamos nosotros y que nos conozcan en realidad que sepan que fue lo que pasó”.

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