Mafias y mentiras tras el dinero ajeno

11 de agosto de 2019 12:00 AM

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Son piedras en el camino para un proceso que avanza en Colombia: reparar integralmente a las víctimas de la guerra, indemnizar a todas aquellas personas a quienes el horror de las balas lastimó, hirió, dejó brechas profundas en sus corazones. A quienes sangraron o vieron a su familia morir, en masacres, en tomas guerrilleras, en enfrentamientos. O a quienes debieron dejarlo todo, en absoluto, porque un día huyeron de sus casas, de sus pueblos, de sus vidas rurales para hacerle el quite a la muerte. Hay millones de historias de víctimas en Colombia. Hay historias de dolor insuperable, pero también hay otras que pudieran no ser tan ciertas.

Esperando ser indemnizado

Cuando llegó la guerrilla a su pueblo, en el centro de Bolívar, *Juan, un modesto pero próspero campesino del departamento, vio cómo su finca comenzó a irse a pique. Primero los guerrilleros le robaron todo el ganado, casi 100 animales, su mayor fuente de producción. Luego, amenazaron con matarlo, una, dos, tres y muchas veces más, en mensajes que le enviaban por cartas. Incluso, una vez llegaron a buscarlo para asesinarlo, porque alguien en el pueblo, sin más ni menos, lo había acusado falsamente de ser guerrillero: ese día que llegaron por él, no estaba en casa. Decidió prevenir en vez de lamentar y envío a todos sus hijos fuera del municipio, no quería que la guerra los lastimara. Él se quedó solo con su esposa, pero tuvo que abandonar su finca por cinco años. Sus terrenos, única fuente de ingresos, fueron improductivos y él se fue la quiebra, terminó sin dinero. La guerra le quitó todo su patrimonio. Ese horror llamado guerra comenzó herirlo con esquirlas de terror desde 1990 y solo hasta poco después de 2003 su finca empezó a retomar su curso. Hasta el día de hoy, jueves 8 de agosto de 2019, esperaba ser reparado o indemnizado como víctima de la violencia en Colombia.

Una agresión sexual...

*Carla, desde Turbana, Bolívar, denunció un delito atroz: acceso carnal violento. Acudió a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas para explicar que fue violentada sexualmente y conseguir ser indemnizada. El Estado determina una Reparación Integral por hechos durante el conflicto armado, que para casos de violencia sexual es de 30 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir: 24 millones 843 mil 480 pesos (actualmente).

El caso del campesino del que hablamos al principio es real y aún espera ser indemnizado, algún día. Sin embargo, lo sucedido con Carla puede que no sea tan real, o no del todo. Es algo investigado detalladamente por la Unidad de Víctimas: “En Turbana, se viene haciendo seguimiento a una persona que declaró como víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado y, de acuerdo con las indagaciones preliminares, los hechos victimizantes no fueron con ocurrencia del conflicto”. La Unidad para las Víctimas tiene puestos los ojos en este caso y dice que: “Esta persona también promueve las declaraciones de otras mujeres para que declaren por los mismos hechos y reciban las medidas de reparación y asistencia otorgadas por la ley”.

Abogada reconocida

*Sixta, una abogada con rango de influencia en los municipios de los Montes de María, aparentemente ha llamado a varias víctimas del conflicto que esperan Reparación Integral. ¿Qué les promete? ‘Ser priorizadas’ en las indemnizaciones. “Hacía llamadas telefónicas informándoles sobre la entrega de recursos. Varias de las víctimas entregaron un porcentaje anticipado para que supuestamente fueran priorizadas en las indemnizaciones”. Lo cierto es que el proceso de reparación es gratuito, no necesita intermediarios y tampoco existe tal ‘priorización’, pues cada caso surte su trámite en los tiempos y fases estipuladas para ello. Sobre la abogada: “Las víctimas no denunciaron pero sí coincidieron en identificar a la mujer”.

Desde 2012, el Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes de la Unidad de Víctimas detecta casos fraudulentos y, además, descubrió que: “En El Carmen de Bolívar personas inescrupulosas acceden de manera irregular en el Sistema (de información) u obtienen información sobre entrega de indemnizaciones y cobran por la información a las víctimas”. No solo eso, también identificaron “falsas convocatorias para jornadas de atención promovidas por organizaciones o personas para captar recursos (fase preliminar, casos por denunciar)”. Es decir, gente que busca víctimas solo detrás de algún tipo de beneficio económico.

El segundo del país

Resulta que nuestro departamento, Bolívar, es el segundo con más ‘víctimas falsas’ en el país. En Bolívar se han excluido del Registro Único de Víctimas (RUV) 619 casos representados en más de 2.971 personas. El conflicto armado, las balas, los atentados, los enfrentamientos, el desplazamiento, han dejado 400.755 víctimas registradas en Bolívar, de ellas 355.373 son sujetos de atención, es decir, cumplen las condiciones para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas por ley. Mientras hay personas en el campo y en las ciudades esperando ser reparadas, hay otras personas que intentan aprovecharse de esta situación. Puede ser deshonroso y lamentable que haya víctimas, puede serlo que haya víctimas esperando ser reparadas, pero lo es aún más que haya ‘falsas víctimas’. Seres ¿humanos? que se atrevan a fingir un dolor que no es suyo y todo por unos cuantos pesos.

*Nombres cambiados.

En Bolívar han identificado 26 fraudes como tal: 12 en Cartagena, 4 en Magangué, 2 de Maríalabaja, 2 en San Pablo, y uno en cada uno de los siguientes municipios: Simití, Santa Rosa del Sur, Regidor, Morales, Mompox y El Carmen de Bolívar. En Cartagena es donde más casos han sido excluidos del Resgistro de Víctimas por testimonios irregulares, con 464 casos, El Carmen de Bolívar con 49, Magangué con 22, San Pablo con 14 y Marialabaja con 11, siendo estos los cinco lugares del departamento con más exclusiones.
Casos generales:
Según la Unidad de Víctimas, se han detectado hechos irregulares como: “Falsos desplazamientos, testimonios o declaraciones. Declaraciones de hechos victimizantes que no sucedieron en el marco del conflicto armado. Organizaciones fachadas que promueven la orientación jurídica de casos, así como la entrega de subsidios o ayudas humanitarias. Falsificación de documentos para el cobro de medidas de asistencia. Redes de tramitadores que cobran porcentajes o exigen dinero para estructurar este tipo falsedades y luego cobrar las medidas que entrega la Unidad, aún acudiendo a acciones de tutela, en las cuales igualmente hacen incurrir en error a los jueces de la república para el reconocimiento de dichas medidas”.

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