“Mi supervivencia fue un milagro”. Firoz Ali Alizada perdió sus piernas hace 13 años. Es un sobreviviente afgano de las minas antipersonal en su país, considerado el más minado del mundo. El día del accidente no hubo ambulancia que lo llevara a un hospital, “y después de 18 horas, fui yo mismo para que me atendieran”. A Ali Alizada le cambió la vida – relata-, perdió a los que creía eran sus amigos y tuvo que dejar el lugar donde vivía –una provincia de Afganistán- porque el acceso era difícil. “Estuve muy mal por un tiempo. Pero todo eso me hizo afrontar un montón de experiencias que no quería vivir, como la discriminación. Tampoco podía hacer cosas que quería hacer”, dice. Firoz Ali, al igual que las demás víctimas de su país, tuvo que librar una batalla contra la discriminación. No volvió a ser normal. Nunca recibió apoyo sicológico, no tuvo derecho a ingresar a la universidad, ni a trabajar con el Gobierno y muchos menos a obtener una licencia de conducción. Porque Afganistán, a pesar de ser el país con mayor número de víctimas por minas antipersonal en el mundo, es una nación donde esas víctimas no tienen ningún tipo de oportunidades, ni de facilidades para su recuperación integral. “Hoy aún siento mi trauma. No soy una persona normal de la sociedad porque no me dieron el apoyo necesario al principio", lamentó. Y es que ser víctima de las minas antipersonal en un país como Afganistán es sinónimo de pobreza, aislamiento, discriminación, y “ser el último en obtener un trabajo. Significa muchas cosas malas”, dice Firoz Aliz. Este superviviente asegura que para cambiar la difícil situación de quienes sufren por las minas antipersonal en Afganistán se necesitan más recursos económicos, “porque los 100 millones de dólares para el programa de asistencia a víctimas no alcanza por la cantidad de afectados que tenemos en el país”. Ali Alizala es abogado. Se graduó de una universidad internacional en Afganistán porque en ninguna universidad del Gobierno lo aceptaron, precisamente por su discapacidad. Ahora trabaja con la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL) – por sus siglas en inglés - como agente de implementación del tratado. Ha hablado a audiencias por todo el mundo sobre los derechos de personas discapacitadas, y tiene un conocimiento extenso sobre la situación de las minas terrestres en Afganistán. EMBAJADORA EN UGANDA Margareth Arac Orech, una ugandesa de 53 años, perdió su pierna derecha cuando el carro en el que iba tropezó una mina antivehículo. Iba camino a visitar a su familia y era víspera de Navidad. “Estaba en un carro con más de 20 personas, y pude ver que cuatro personas sufrieron al igual que yo. Al momento que cayó la mina, los rebeldes nos cayeron y empezaron a disparar. Ya había perdido la pierna y tuve que desplazarme varios kilómetros ayudada por mis manos. Iba arrastrando”, relata Margareth. Ella demoró nueve horas para llegar a un hospital y ser atendida. El centro de atención resultó ser costoso y por eso necesitó de la ayuda de su familia para cancelar la cuenta. Margareth dice que la situación en Uganda es difícil porque los rebeldes ponen minas antipersonal en todas partes: en la ciudad, las plazas, los jardines, las carreteras, en lasa fincas donde haya cultivos “y hasta en sitios para almacenar comida. Las ponen en lugares comunes para la comunidad”. La situación en Uganda es similar a la de Afganistán. La discriminación prevalece y las ayudas y asistencias brillan por su ausencia. Margareth Arac relata que cuando le sucedió el accidente, sus amistades se alejaron, “porque creían que yo tenía mala suerte y que estar cerca de mí les significaba que les iba a trasmitir la mala suerte”. Asegura que la situación para las víctimas que viven en la ciudad es mucho mejor que para aquellas que viven en las zonas rurales. “Las cosas no son nada buenas, porque las ayudas no están extendidas a todo el país como para llegar en realidad a los lugares afectados, entonces la gente que no tiene la posibilidad de llegar a la ciudad, pues simplemente no puede acceder a los servicios y si puede acceder pues le toca pagar y muy costoso. “En ese país la ayuda real proviene de las Ong, pero el Gobierno no tiene algo bien organizado para atender a los sobrevivientes de las minas y cuando lo hace es muy costoso, cosa que no debe ser porque ellos no deben pagar. ¡Es absurdo!”, Cuenta Margareth quien además explica que la situación se torna más complicada cuando se habla de mujeres víctimas por minas antipersonal. “Lo más terrible es que el 99 por ciento de las mujeres que conozco y que son víctimas de minas son abandonadas por sus esposos”. Margareth Arac Orech fundó la Asociación de Sobrevivientes de Minas Uganda y realiza programas para la promoción y defensa pública y la atención integral. Y en 2006 fue nombrada Embajadora de ICBL en su país. Con la Asociación, Margareth, ha logrado que las víctimas sean escuchadas a nivel político y “he logrado sentar a varias personas de la red de víctimas con senadores y miembros del gobierno”. Ella afirma que no hay una cifra exacta de víctimas por este flagelo, pero dice que se considera que son más de 10 mil. “Ahora mismo están haciendo un censo en todo el país para saber cuántas víctimas en realidad hay en Uganda”.
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