El Consejo de Estado declaró ajustada a derecho la decisión de Mintransporte de cobrar una contraprestación por el uso de infraestructura portuaria pública.
La alta corte desestimó la demanda presentada por la sociedad Soto y Landaeta Sucesores S.A., que buscaba ser incluida como una de las integrantes y dueñas de ese yacimiento minero.
Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, dijo que los bloqueos están afectando además la reputación de Cerrejón y Colombia como un proveedor confiable en el mercado internacional de carbón.
Más de 4 mil personas de empresas contratistas aseguran estar perjudicados con los bloqueos ilegales en la línea férrea y en las instalaciones de Puerto Bolívar.
