Según la Procuraduría General de la Nación, el daño patrimonial ocasionado en 2015 y 2016, derivado de los malos manejos, superó los $ 22.600 millones.
En visita de inspección realizada por la Defensoría del Pueblo, los voceros de los detenidos manifestaron las condiciones infrahumanas en las que se encuentran.
La inversión en las obras fue superior a los 47 mil millones de pesos y contribuyen a la protección y conservación de los ecosistemas de la región Caribe.
El pasado domingo, un grupo de militares disfrazados de disidentes de las Farc intimidaron a los habitantes de la vereda Bocas del Manso, en Tierralta.
