El contratista, condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, sería la cabeza detrás de la adjudicación del contrato entre Mintic y Centros Poblados.
Se trata de dos funcionarios del Ministerio Público de Guatemala y cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador. Estos están vetados para ingresar a Estados Unidos.
Luego del escándalo político y las sesiones de moción de censura relacionados con el contrato entre el Ministerio de las TIC y una unidad temporal, la barranquillera renunció por solicitud presidencial.
El alcalde de Cartagena, William Dau, cumplió la orden impartida por un juez tras sus declaraciones por presuntos hechos de corrupción en el Fondo de Pensiones de Cartagena.
Los diputados reforman el Código Procesal Penal para que en El Salvador los delitos de corrupción no prescriban y se puedan judicializar los casos independientemente del tiempo.
Muchos de los barrios más pobres están en la localidad. Dos contratos inauguraron un nuevo episodio polémico en la agitada arena política de la ciudad.
