El juez no fijó una fecha para la sentencia, pero se sabe que el cargo de homicidio involuntario conlleva hasta 18 meses de prisión y una multa de 5.000 dólares.
La Red de Veeduría Integral junto a residentes en Manga y Pie de la Popa piden abrir incidente de desacato contra el Distrito por incumplimiento de esta sentencia.
El lío jurídico inició en el año 2010, cuando el entonces procurador general, Alejandro Ordoñez, interpuso una acción para restablecer los derechos del municipio frente al parque.
El Consejo de Estado absolvió a la Nación, por los daños que sufrió María Rosmira Bermúdez Uribe, una mujer que, en el año 2007, fue privada de la libertad de manera, tras ser acusada de pertenecer a una célula urbana de Las Farc.
