La antigua guerrilla exige al Gobierno mayor presencia del Estado en las regiones más afectadas por la violencia y medidas para detener los asesinatos a los excombatientes.
En una reunión con 20 delegados de las Farc y autoridades locales, el Gobierno se acordaron mecanismos para fortalecer la seguridad de los excombatientes.
A Juan de Jesús Monroy, líder del proceso de reincorporación en Meta, se le había asignado un vehículo blindado cuatro escoltas y un chaleco antibalas.
