La carta suscrita por la directora interina de la División de las Américas dice que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para proteger a la población.
Las fuerzas militares enviaron un informe del operativo que dejó 11 personas muertas. La Defensoría confirmó que eran civiles y no disidentes de las Farc.
Human Rights Watch pidió a Mindefensa precisar el número de personas ‘neutralizadas’ y, si pertenecían a un grupo armado, el grupo armado al que pertenecían.
