La Contraloría archivó una investigación contra José Guillermo Peña González y Mauricio Arturo García Ortiz, pero otros directivos siguen en la lupa de la institución.
La Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de la EPS por deterioro de los indicadores financieros y la creciente tasa de quejas de sus usuarios.
La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $148.843 millones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del sistema salud.