La entidad dispuso la expropiación a 21 bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto del tráfico de estupefacientes, extorsiones y minería ilegal.
En los municipios de Giraldo y Buriticá fueron intervenidas 15 unidades productoras mineras, afectando las economías ilícitas e ilegales del Clan del Golfo, en más de $500 millones.
Los municipios de Nechí, Cáceres, Zaragoza, El Bagre, Segovia, Anorí, Amalfi y Tarazá, presenta las mayores concentraciones de minería ilegal y cultivos de coca.
La Gobernación en conjunto con la Agencia Nacional de Minería marcaron una hoja de ruta para legalizar la actividad minera y de esa manera recuperarlos.
